Orden PCI/489/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia de Seguridad Aeroespacial Nacional, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6349.pdf
El documento se articula en cuatro capítulos. El primero, titulado «Visión integral de la Seguridad Aeroespacial», detalla aspectos generales de los sectores aéreo y espacial, describe brevemente su marco regulatorio, y justifica el uso de una única estrategia de seguridad aeroespacial para proteger los principales intereses nacionales en este ámbito.
El ámbito aeroespacial es tan importante para la moderna sociedad española que sin los servicios, aplicaciones y productos que proporciona, nos sería difícil imaginar su funcionamiento. Al mismo tiempo, el elevado uso de la tecnología y el altísimo nivel de interconectividad implican una especial vulnerabilidad ante las amenazas y desafíos, y una rápida velocidad de evolución de las crisis que afecten al ámbito.
El sector aéreo es uno de los elementos vertebradores del Estado español y un sector estratégico en la economía nacional. El sector está en crecimiento constante y actualmente se está desarrollando, de forma exponencial, el campo de las aeronaves no tripuladas que posibilitará el desarrollo económico en muchos sectores.
España tiene asignado un espacio aéreo de responsabilidad considerable que, desde el punto de vista de la defensa y la seguridad aérea nacional e internacional, es necesario proteger y para ello dispone de un potente sistema integrado en el de la OTAN para vigilar, controlar y dirigir, permanentemente (24/7), los medios de defensa oportunos. El Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón (CAOC-TJ) es la entidad desde donde se realiza la defensa aérea del flanco sur de la Alianza Atlántica (desde Turquía hasta las Islas Canarias) y desempeña un papel fundamental en la seguridad aeroespacial de España.
En el sector espacial, España es un miembro importante de varias organizaciones internacionales, participa en los principales proyectos europeos e internacionales, y acoge en su territorio importantes infraestructuras espaciales. En este sector, se está desarrollando actualmente la capacidad nacional de vigilancia y seguimiento espacial que permitirá contribuir a la elaboración de un catálogo de objetos espaciales en órbita.
La industria aeroespacial es muy importante para el país, tanto por su contribución al PIB nacional como por los numerosos puestos de trabajo altamente cualificados que aporta. Las capacidades únicas de nuestra industria aeroespacial y de defensa deben mantenerse y protegerse.
Desde el punto de vista de la seguridad, y dado que no existen límites físicos o funcionales entre los espacios aéreo y ultraterrestre, se considera que ambos forman un único ámbito, el aeroespacial, en el que las amenazas y desafíos se desarrollan a gran velocidad, lo que implica un tiempo de reacción muy corto y, consecuentemente, sean necesarias estructuras de decisión en tiempo casi real apoyadas en sistemas de mando y control que dispongan de buenas capacidades; que sean fiables; que estén perfectamente coordinados, tanto a nivel nacional como internacional; y que estén permanente disponibles.
En el aspecto normativo, los marcos legales de utilización del espacio aéreo y el ultraterrestre se basan en principios sustancialmente distintos; mientras que en el espacio aéreo rige el principio de soberanía nacional y uso flexible del espacio aéreo, el espacio ultraterrestre es considerado patrimonio común de toda la humanidad. Sin embargo, la regulación actual deja áreas de indefinición, como la delimitación del límite superior de la soberanía nacional del espacio aéreo, que en el futuro próximo puede ser una fuente de conflicto, al igual que el espacio ultraterrestre. Como muestra de ello, en el sector espacial han aparecido nuevos actores, como el denominado «Nuevo espacio», formado fundamentalmente por compañías privadas, que buscan nuevos modelos de negocio, tienen aspiraciones enfocadas más allá de la Tierra, y discuten, e incluso no aceptan, la capacidad normativa de los Estados sobre el espacio exterior.
El segundo capítulo «Amenazas y desafíos en el ámbito aeroespacial» define los conceptos de amenaza y desafío, y determina que las vulnerabilidades principales del ámbito aeroespacial derivan de su condición de espacio global común, de la elevada tecnificación de toda la infraestructura que opera y de la gran interconectividad, que posibilita los «efectos en cadena».
Las amenazas se agrupan en las seis áreas que define la Estrategia de Seguridad Nacional 2017: conflictos armados, terrorismo, crimen organizado, proliferación de armas de destrucción masiva, espionaje y ciberamenazas. Dentro de cada área se desarrollan las amenazas específicas para el ámbito aeroespacial como las incursiones no autorizadas; los secuestros de aeronaves, incluyendo la posibilidad de usar la propia aeronave como arma; el sabotaje de aeronaves e instalaciones; la perturbación de sistemas de comunicaciones, posicionamiento y vigilancia; las ciberamenazas; el uso del transporte aéreo para actividades del crimen organizado tales como el tráfico de mercancías ilegales, de personas, de animales, etc.; y el uso de aeronaves no tripuladas para cometer atentados terroristas o tráficos ilícitos. Sin embargo, las dos amenazas más importantes, por su capacidad destructiva y devastadora, son la utilización del instrumento aeroespacial en conflictos armados y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Asimismo, los desafíos se agrupan en tres áreas: emergencias y catástrofes, epidemias y pandemias, y contaminación atmosférica y acústica; y dentro de cada una de ellas se desarrollan los desafíos específicos para el ámbito aeroespacial.
Dadas las características propias del ámbito aeroespacial, muchas de las amenazas y desafíos pueden producirse fuera de los espacios de soberanía y jurisdicción españoles, siendo necesario seleccionar la respuesta en función de las responsabilidades nacionales y de los compromisos internacionales contraídos por España.
El tercer capítulo «Objetivo, Principios y Líneas de Acción» aplica los principios rectores de la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 (Unidad de acción, Anticipación, Eficiencia y Resiliencia) a las cinco líneas de acción definidas en la misma para el ámbito aeroespacial, desarrollando medidas para cada una de ellas.
1. Fomentar una actuación coordinada de todas las Administraciones Públicas y departamentos con competencias en el espacio aéreo y ultraterrestre que permita establecer sinergias y abordar soluciones transversales.
Esta línea de acción se desarrolla mediante medidas en las áreas de coordinación, estructuras, formación y adiestramiento, y cultura de seguridad, para mejorar la toma de decisiones, la formación y adiestramiento avanzado del personal en gestión de crisis, la divulgación en la sociedad de la cultura de seguridad aeroespacial y las estructuras necesarias para llevar a cabo respuestas ágiles y adecuadas.
2. Fortalecer las capacidades de los organismos e instituciones nacionales, tanto públicos como privados, con competencias en estos ámbitos, para hacer frente a las diversas amenazas y desafíos propios del espacio aéreo y ultraterrestre.
Se desarrolla con medidas legales, de incremento y mejora de las capacidades de vigilancia, control y defensa del espacio aéreo, de vigilancia y seguimiento del espacio ultraterrestre, de supervivencia de infraestructuras críticas, de consolidación de la base industrial, de protección del medio ambiente, etc.
3. Perseverar en el análisis de riesgos y evaluación de medidas contra ciberataques, actos terroristas o delictivos u otros conflictos que afecten a las instalaciones aeroportuarias o al transporte aéreo, dentro o fuera del espacio aéreo español.
Se aborda esta línea de acción, con medidas en las áreas de ciberamenazas, terrorismo y desafíos, entre las que destacan el desarrollo de una política integral de ciberseguridad aeroespacial, la necesidad de canales específicos de distribución de inteligencia sobre amenazas específicas, y el incremento de capacidades del sistema español de seguimiento y vigilancia espacial.
4. Impulsar un desarrollo normativo del uso civil de aeronaves pilotadas remotamente que garantice el necesario equilibrio entre la seguridad de las personas, instalaciones y demás usuarios del espacio aéreo, y el desarrollo tecnológico y económico de un sector pujante de la economía española.
La regulación de los múltiples aspectos que implica la operación de aeronaves no tripuladas es condición indispensable para liberar el potencial del sector. La regulación se desarrolla a nivel nacional e internacional, y es muy compleja porque hay que compatibilizarla con otras regulaciones que ocupan el mismo espacio. En el contexto de la seguridad aeroespacial, las medidas de tipo legal deben complementarse con la concienciación y sensibilización en su empleo, el desarrollo de capacidades contra aeronaves no tripuladas y su normativa de aplicación.
5. Apoyar el papel de España en el ámbito internacional, dentro del marco de compromisos y responsabilidades asumidos en materia de seguridad aérea y ultraterrestre.
Se sustancia con una serie de medidas de inversión, participación y representación, acuerdos bilaterales y multilaterales, mejora de la interoperabilidad, programas duales, coordinación meteorológica y de fenómenos de meteorología espacial, y coordinación para prevención de enfermedades contagiosas.
El cuarto capítulo «La Seguridad Aeroespacial en el Sistema de Seguridad Nacional» define la arquitectura orgánica de la seguridad aeroespacial. Bajo la dirección del Presidente del Gobierno, la estructura se compone de tres órganos: el Consejo de Seguridad Nacional, como Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional; el Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial que apoyará al Consejo de Seguridad Nacional y asistirá al Presidente del Gobierno en la dirección y coordinación de la política de Seguridad Nacional en el ámbito de la seguridad aeroespacial, así como fomentando las relaciones de coordinación, colaboración y cooperación entre Administraciones Públicas y entre estas y el sector privado, y el Comité de Situación que actuará de forma complementaria al Consejo de Seguridad Nacional y, con el apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, gestionará las situaciones de crisis del ámbito aeroespacial, que por su transversalidad o dimensión, desborden las capacidades de respuesta de los mecanismos habituales.