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La titular del Juzgado 19 de Instrucción de Sevilla, Ana Escribano, ha imputado a la exjefa de seguridad del aeropuerto San Pablo de Sevilla Flor de Lina y un responsable de la empresa Trablisa por los delitos de estafa y falsedad. Ambos cargos ya han declarado como acusados ante la magistrada y tras la investigación policial, que identificó la presunta comisión de delitos, la instrucción está ahora pendiente de datos contables que corroboren o desmientan las acusaciones iniciales que originaron el caso, según fuentes judiciales.

Hace más de un año una empleada de seguridad en el aeropuerto interpuso una denuncia por supuestas falsificaciones de las horas de trabajo de los trabajadores y por conceptos cargados de manera irregular a la empresa pública AENA Aeropuertos por parte de la firma concesionaria de los trabajos de seguridad, Trablisa. En paralelo, el sindicato CSIF había presentado con anterioridad una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla.

Durante el verano de 2013 la unidad de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla inició una investigación para determinar la veracidad de la denuncia interna de una empleada, y tras la presentación del atestado por parte de los agentes, el juzgado avanzó con la instrucción para determinar el descuadre de cifras que atesoraron los investigadores durante sus pesquisas. La denuncia de CSIF rezaba: “Los trabajadores de Trablisa han podido comprobar presuntas irregularidades en los cuadrantes de trabajo consistentes en consignaciones de horas que realmente no se realizan, asignadas a trabajadores inexistentes o que realmente no desempeñaron la labor de vigilancia que se refleja en el cuadrante”. A continuación, la denuncia mencionaba puestos de trabajo “ficticios” con “la sola finalidad de retribuir los servicios que efectivamente desempeñan los trabajadores pero de carácter administrativo”.

A pesar de los indicios recabados por la policía, AENA Aeropuertos discrepa y sostiene que el resultado de su investigación interna que ordenó para comprobar si existió fraude ha resultado negativo. “Los indicios de la auditoría descartan la posibilidad de fraude”, aseguran fuentes de la empresa pública.

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Ante la investigación judicial, la sociedad que gestiona el aeropuerto sevillano encargó una auditoría para cuadrar las cifras de horas certificadas de los trabajadores de Trablisa y verificarlas con las pagadas posteriormente. Los auditores determinaron que ambas sumas coincidían, por lo que a diferencia de los investigadores policiales, sus datos descartaban los indicios de fraude. “No manejamos dinero. Certificamos las horas trabajadas y posteriormente la central desde Madrid ejecuta las transferencias pertinentes”, alegan fuentes de AENA antes de matizar que dicha compañía es “la primera interesada en investigar la posibilidad de un fraude”. AENA Aeropuertos es responsable de 46 aeródromos y dos helipuertos en el país y entró en beneficios con 597 millones en 2013 tras un duro proceso de ajustes.

El director del aeropuerto de San Pablo, Jesús Caballero, accedió al cargo en junio de 2013 y poco después el Grupo de Delincuencia Económica inició su investigación. Tras el verano, Caballero destituyó a la exjefa de seguridad De Lina por la actual, Tesa Van Londen. Ante la posibilidad de que la investigación policial revelara indicios de delitos como finalmente sucedió, Caballero optó por sustituir a De Lina y así reducir los riesgos. Por su parte, Caballero había sucedido al frente del aeródromo sevillano a Eugenio Pérez Luengo, que tras ocho años fue nombrado gerente de proyectos internacionales de AENA Aeropuertos.

Fuentes de la empresa Trablisa rechazaron ofrecer su versión del caso judicial que salpica a uno de sus responsables para la seguridad del aeropuerto San Pablo. Un portavoz de la compañía declinó identificar a dicho responsable implicado como imputado. Esta firma, con 30 años de experiencia, mantiene delegaciones abiertas en las Islas Baleares, Cataluña, Madrid y Andalucía, y gestiona la seguridad en varios aeropuertos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/21/andalucia/1405973941_873493.html

Consejo de Ministros

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) –

El Consejo de Ministros ha autorizado este viernes a realizar la contratación centralizada de los servicios de seguridad privada y auxiliares de control en la administración general del Estado, con lo que prevé un ahorro de cuatro millones de euros.

Para ello, el Ejecutivo ha dado la orden a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con el objetivo de “mejorar la eficiencia de la contratación de los servicios de seguridad privada”.

Esto se alcanzará al “homogeneizar las prestaciones y aplicar un planteamiento integral de la seguridad, teniendo en cuenta, tanto los medios personales adscritos por las empresas a estos servicios, como los sistemas técnicos dirigidos a la mejora de la seguridad”.

VALOR DE 55 MILLONES

Estos servicios, que actualmente están incluidos en veintidós contratos con diferentes fechas de finalización, se incorporarán en el contrato centralizado a partir del 1 de diciembre de 2014, conforme terminen los contratos en vigor. La fecha de finalización será el 30 de septiembre de 2016, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo igual al del contrato inicial. El valor estimado, para el período de duración máximo indicado, incluida la prórroga, es de 55 millones de euros.

El contrato incluye 116 sedes, correspondientes a cuatro ministerios, la Delegación del Gobierno en Madrid y catorce organismos. Los ministerios cuyos servicios se integran en el contrato son: Justicia; Educación Cultura y Deporte; Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; y Hacienda y Administraciones Públicas.

CONTACTO CON ASOCIACIONES Y EMPRESAS

Para la elaboración del pliego de condiciones que regula la contratación se han mantenido reuniones con el Ministerio del Interior, como Departamento que tiene encomendada la supervisión del sector de seguridad privada, y se ha solicitado informe a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.

El Gobierno explica que, con el fin de conseguir una mayor transparencia, el planteamiento del contrato se ha presentado a las asociaciones y empresas del sector, en una sesión pública celebrada el 26 de marzo, tras la cual se remitió un cuestionario en que expusieron sus observaciones y sugerencias sobre el procedimiento.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-aprueba-contratacion-centralizada-seguridad-privada-ahorrara-millones-20140718172849.html#

Un empresa pontevedresa acaba de ser sancionada con 30.100 euros por la Subdelegación del Gobierno en lo que se considera es un caso de intrusismo en la labor que diariamente realizan las firmas dedicadas a dar cobertura de seguridad privada. Las fuentes consultadas reseñaron que esta firma habría cometido una falta muy grave a la normativa aprobada en 1992 al haber llevado a cabo una «prestación de servicios de seguridad a terceros careciendo de la habilitación necesaria».

Se trata, en todo caso, de la multa mínima que recoge la citada normativa para este tipo de supuestos. Y es que las faltas muy graves pueden llegar a estar castigadas con sanciones de hasta 600.000 euros.

Las fuentes consultadas precisaron, en este sentido, que el expediente contra la empresa pontevedresa se abrió a instancia de la Policía Nacional. Todo parece indicar que agentes de este cuerpo verificaron, en el transcurso de una inspección, que la compañía en cuestión carecía de autorización alguna para poder dar una serie de servicios que, supuestamente, estaba ofertando. En este sentido, señalaron que la sociedad, que está dada de alta en el Registro Mercantil de Pontevedra, facilitaba personal para labores «de celaduría -vigilancia-, portería y control de accesos».

De hecho, según trascendió, se ofertaba para actuar «en todo tipo de recintos, oficinas, Administración pública, industria, comercio, comunidades de vecinos, aparcamientos, eventos deportivos y/o culturales y obras en construcción».

Frente a esta multa, los representantes legales de este negocio disponen de un plazo de quince días para «alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas» ante la unidad de sanciones de la Subdelegación del Gobierno. En el caso de que no se acojan a este derecho, presumiblemente se declarará la firmeza de la multa y se procederá a su cobro.

En caso contrario, esto es que los afectados aleguen, caben dos posibilidades. Por un lado, que sus argumentos sean asumidos y el expediente se archive o, por otro, que se ratifique que tienen que abonar los 30.100 euros. En esta última situación, la empresa pontevedresa aún tendría oportunidad de interponer un recurso judicial contra la resolución.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2014/06/04/multa-treinta-mil-euros-intrusismo-seguridad-privada/0003_201406P4C5991.htm

Codigo de Seguridad Privada_Página_001Recopilación actualizada a 8 de abril de 2014 de la normativa vigente de Seguridad Privada incluyendo la reciente Ley 5/2014 de Seguridad Privada.

https://drive.google.com/file/d/0B5BY8o83sO69ak9EeGZPQy1BWnM/edit?usp=sharing

 

Incluye 114 edificios adscritos a Justicia, Educación, Agricultura y Hacienda, y 14 organismos. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas licitará un contrato centralizado de 50 millones de euros hasta 2016 para los servicios de seguridad privada de la Administración General del Estado (AGE), según informó este miércoles en un comunicado el Ministerio.

Este contrato centralizado finalizará el 30 de septiembre de 2016, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo igual al del contrato inicial, y su valor estimado será en ambos casos de unos 50 millones de euros.

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La directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación, María Luisa Lamela, se ha reunido este miércoles con representantes del sector empresarial de la seguridad privada para informarles de que los 22 contratos actuales, con diferentes fechas de finalización, se incorporarán de forma sucesiva al contrato centralizado conforme se extingan a partir de finales de 2014.

El contrato incluye un total de 114 edificios destinados principalmente a usos administrativos, que están adscritos a los Ministerios de Justicia, Educación, Cultura y Deporte, Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, y Hacienda y Administraciones Públicas, así como a otros 14 organismos públicos.

Según el departamento de Cristóbal Montoro, el contrato supondrá la primera fase de la centralización de estos servicios, la cual se completará el próximo año.

Además, con este contrato Hacienda pretende homogeneizar las prestaciones y aplicar “un planteamiento integral de la seguridad” que contemple “tanto los medios personales adscritos por las empresas a estos servicios como los sistemas técnicos dirigidos a la mejora de la seguridad”.

http://www.teinteresa.es/dinero/HACIENDA-CONTRATARA-MILLONES-SEGURIDAD-ADMINISTRACION_0_1108690553.html

 

Miguel Ángel Ramírez, el jueves ante su pajarera declarada ilegal. / QUIQUE CURBELO

Un grupo de mujeres cuenta billetes en máquinas y los apila. Visten un mono rojo sin bolsillos en una cámara acorazada protegida con barrotes. En el centro, una mesa grande acumula fajos de dinero. Más del que una persona corriente verá junto en su vida. Están preparando los envíos entre sucursales de bancos. “Yo no soy un charlatán. Esto va en serio”. Miguel Ángel Ramírez, un tipo directo, con cierto aspecto de boxeador crepuscular, no duda en enseñar las tripas de su compañía de seguridad para demostrar que no va de farol.

Aunque no hace falta. Su historial habla por él. Porque Ramírez, presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas desde 2005, ha pasado en poco más de 25 años de secar el parqué del sudor de los jugadores de baloncesto del Gran Canaria a ganar millones en concursos públicos —primero de seguridad, luego en guarderías, limpieza, hospitales…— en las islas y cada vez más en la Península.

El ministro popular José Manuel Soria, que viajó en noviembre a Canarias a inaugurar su último proyecto, un concesionario de BMW, dijo en el acto: “Es el concepto más puro de emprendedor que yo conozco”. Fue 10 días después de haber sido indultado parcialmente por el Gobierno del PP por un delito urbanístico que le debería haber llevado a prisión. Ahora la Fiscalía se ha querellado contra él por delito fiscal, pero el augura que, como muchas causas anteriores, quedará en nada.

“Cuanto más se acerca uno a una estatua, más pequeña parece. Conmigo pasa igual, soy un tipo normal a pesar de lo que oiga”, avisa Ramírez. Tiene ojos pequeños, cejas oblicuas, un cuerpo contundente y manos que un enemigo no querría ver demasiado de cerca. En su edificio, en un polígono industrial en Las Palmas, recibe en un gran despacho adornado con todo tipo de condecoraciones militares y policiales. “Soy legionario de honor”, avisa. En una esquina hay una colección de 20 relojes tras una vitrina. Al otro lado de la ventana, Ramírez construye un nuevo edificio porque este se ha quedado pequeño.

De joven cuidaba los coches de los jugadores de baloncesto y vendía fruta. Ascendió desde la nada

Nacido hace 45 años, Ramírez se crió en el barrio de Tamaraceite, a las afueras de Las Palmas. Hijo de una familia humilde, creció en las casas baratas del patronato Francisco Franco. Hoy aparecen con desconchones, pero rodeadas de edificios modernos. “Entonces no existían, esto era un descampado. Era un barrio duro”. No oculta su origen. A pocos metros está el viejo pabellón en el que jugaba el equipo local de baloncesto antes incluso de subir a la ACB. Ramírez cobraba 10.000 pesetas al mes por cuidar y lavar los coches de los jugadores. “Secaba el parqué de la pista cuando uno se caía. Llevaba un chándal de la cooperativa de mi padre y por la publicidad me pagaban 500 pesetas. Comerciaba con todo”.

Sin acabar el instituto, Ramírez se emplea en lo que puede. Vende fruta, como hacía su abuelo, y tiene algún trabajo de ayudante de detective. Su padre, que trabajaba en una cooperativa de seguridad, le niega trabajo como vigilante. En 1991, con 22 años, monta con dinero de un socio una empresa de transporte de mercancías. Se llama Canarimundi y se compromete a repartir en las islas en siete días la mercancía embarcada en Barcelona, cuando las empresas del sector tardaban entre 10 y 12. “Cabreábamos a todo el mundo”, rememora. ¿Su secreto? Ramírez conseguía que sus contenedores pasaran los controles del puerto antes que los de sus rivales, según una persona que le trató entonces. En esos años, y siendo aún nadie, auguraba que algún día se sentaría en el palco del Bernabéu como presidente de la Unión Deportiva. Aún no lo ha conseguido. Su club sigue en Segunda.

En 1994 funda junto a un socio Charcuterías La Ideal y una tienda de mascotas. Un año después, montan Seguridad Integral Canaria (SIC), que compra la empresa en la que trabajaba su padre, la misma en la que no había conseguido trabajo años antes. Ese es el germen del imperio de Ramírez. Dos años después conoce a Ángel Luis Tadeo, entonces el empresario de moda en las islas, dueño del grupo hotelero Dunas y que poco después fue nombrado presidente de la Unión Deportiva.

Ramírez empieza a trabajar para él como chófer y guardaespaldas. Pero pronto se convierte en amigo y confidente. Ramírez aprende rápido. Tadeo, 20 años mayor y de origen humilde, tiene sus hijos estudiando fuera de España y de alguna forma Ramírez se convierte en su ojito derecho. Le da los contactos, le presenta a empresarios y políticos. “Gracias a él, empecé a hablar directamente con los dueños de los negocios”, reconoce Ramírez. Si quería la seguridad de un hotel, Tadeo sentaba al dueño con Miguel Ángel y mediaba. Comienza a reclutar guardas de seguridad y tira los precios.

“En Canarias si quieres introducir esa marca de agua lo mejor es que tengas padrinos. Y Tadeo fue el padrino de Miguel Ángel”, cuenta un empresario. Así, en 1999, ya factura mil millones de pesetas y tiene mil guardas. Tadeo organizaba cada 14 de agosto una fiesta por su aniversario de boda en Maspalomas a la que invitaba a políticos de los tres grandes partidos. Ramírez aprende a llevarse bien con todos.

Ramírez crece y crece y vuela solo. Y comienzan los escándalos. Su socio fallece y la familia le denuncia en 2002 por apropiación indebida. Pero sale indemne, como casi siempre le pasará en sus pleitos. La denuncia fue archivada. El empresario no elude ni este ni ningún tema incómodo. “Quedó perfectamente claro y no les he dejado tirados”. Tras la denuncia pactó con la viuda una compensación mensual.

Ramírez (a la derecha) inaugura junto al ministro Soria su concesionario de BMW
el pasado 30 de noviembre. / MARMOTOR
 

En 2004 compra una casa en La Milagrosa, un valle protegido a las afueras de Las Palmas. Llama a la finca El Capricho. Son 40.000 metros en una ladera escarpada con tres casas, aguacates y bonitas vistas a un valle que los alisos dejan verde todo el año. Al poco comete uno de los pocos errores de su vida. Decide construir una pajarera —a su padre le gustan los pájaros—, una pérgola, dos aparcamientos, un camino y un estanque junto a la casa. No tiene licencia y el Seprona de la Guardia Civil precinta las obras. Pero lejos de arredrarse, y convencido de que como mucho tendría que pagar solo una multa, Ramírez sigue adelante con las obras “con total desprecio a la ordenación legal del terreno”, según la sentencia que años después le condenó a tres años de cárcel por delito urbanístico.

El ministro Soria dijo en la inauguración de su concesionario que era el “más puro emprendedor”

En esos años, los sindicatos denuncian que inspectores de Seguridad Integral Canaria recogían en los aeropuertos de Tenerife a diputados del PP, cuando estaban en la oposición, y los trasladaban en coches de la empresa hasta el Parlamento en Santa Cruz. Los que más utilizaban este servicio extraoficial eran los parlamentarios Jorge Rodríguez y Águeda Montelongo. Empleaban un Ford Fiesta y un Nissan con el logo de la compañía.

Antonio Miguel Rodríguez, exempleado de la compañía, lo recuerda así: “A Jorge Rodríguez lo recogía un inspector en Gran Canaria y lo trasladaba al aeropuerto. Volaba a Tenerife Norte y allí lo esperaba otro conductor que le llevaba hasta el Parlamento. Intentábamos no llevar coches rotulados para que no se notara demasiado. Nos decían que no nos acercáramos mucho al Parlamento. Con Águeda Montelongo era igual, de lunes a viernes casi todos los días y gratis total”.

El parlamentario del PP Jorge Rodríguez en un breve conversación telefónica responde: “Fue ocasional, no regular. Lo siento no le puedo atender”. Este diario ha intentado, sin éxito, obtener la versión de Montelongo. Ramírez lo despacha con una sonrisa: “Jorge es amigo mío de hace muchos años”. Alega que el diputado vivía cerca de donde quedaban sus empleados que iban al aeropuerto y que si les venía bien lo llevaban. Niega viajes con Montelongo.

Juan Antonio Díaz, responsable de USO en Canarias, presentó ante la Agencia Tributaria en 2004 denuncias contra Ramírez por fraude de las dietas. “Me llamó a su despacho, estuvo muy cordial. Me ofreció irme a trabajar con él triplicándome el sueldo. Es un encantador de serpientes”. La denuncia acabó con una multa de 600.000 euros.

Mientras despacha las querellas, Ramírez sigue ganando contratos. Abre oficina en Madrid y en 2003 crea el Grupo Ralons (de sus apellidos, Ramírez Alonso) para ampliarse a los servicios. Abre filiales de limpieza, residuos, residencias, guarderías, lavanderías, recintos deportivos, salud…

En 2008, el fiscal Javier Ródenas desempolva el caso de las obras en la casa y lo lleva a juicio. En mayo de 2010, Ramírez es condenado a tres años de prisión por delito urbanístico. Ni sus buenos contactos con el coronel —hoy general— de la Guardia Civil Francisco Espinosa ni sus buenas relaciones con el instituto armado, evitan la declaración clave de los agentes del Seprona en el juicio. Dos años después la Audiencia Provincial ratifica la condena y añade a la sentencia la demolición de lo ilegalmente construido.

En junio de 2011, un juez de Granadilla imputa a Ramírez por presunto delito de estafa. También imputa al jefe de seguridad de AENA en el aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur. El auto señala que este último “alteró los datos de varios documentos relativos a los servicios de seguridad con el objeto de incrementar de manera ficticia el valor de las facturas expedidas por SIC con cargo a los fondos públicos de AENA (…) Procedió a incrementar el número de vigilantes de seguridad en los diferentes turnos, confeccionado unos cuadrantes inflados, recibiendo de la empresa unas certificaciones en las que se recogía el número ficticio de horas mensuales realizadas por los vigilantes de seguridad”.

Fue condenado por un asunto aparentemente menor: unas obras en su chalé

“El móvil defraudatorio del señor Ramírez lo encontramos en el hecho de que la operación se ejecuta para tratar de obtener una serie de plusvalías que permitiesen hacer rentable los servicios prestados por su empresa en el aeropuerto”, recalca el auto de imputación. El juez destaca el incremento en el ritmo de vida del jefe de seguridad de AENA desde 2007 al comprase un Mercedes y un barco con amarre.

Han pasado tres años del auto y sigue sin juzgarse.

Ramírez responde quitándole hierro al asunto: “Soy responsable de lo que ocurre en mi empresa, pero no de todo lo que ocurre”, y añade que solo ha estado cuatro veces en ese aeropuerto: “No he sido juzgado y nunca tuve una conversación con ese hombre”. Tras sortear varias querellas en su contra, finalmente fueron las obras en el chalé las que le perdieron. Él aún no se lo cree. Abre su casa al periodista, pasea por la pajarera y la pérgola y muestra las demás casas construidas en el valle y las pistas forestales asfaltadas ilegalmente que jalonan la vista. Hay desde chamizos a auténticos chalés: “Mire todo lo que hay construido en este espacio natural, pero a mí me han metido tres años de cárcel. ¿Acaso hay alguien en la cárcel por el Algarrobico?”, pregunta.

En 2012, Ramírez pide el indulto a Justicia y evita entrar en prisión. Con el PP en el Gobierno central Ralons culmina el salto que perseguía en Madrid. Pese a su condena, logra contratos en 2013 con la Tesorería General de la Seguridad Social (2,4 millones), el Ministerio de Defensa (745.000 euros), Metro de Madrid (23,1 millones), AENA (600.000 euros, para la seguridad en Torrejón y Paracuellos) la Delegación del Gobierno en Madrid (305.000 euros)… Él defiende que no es su relación con el PP, sino 10 años de perseverancia y de presentarse a concursos hasta demostrar la solvencia necesaria. Afirma que el año pasado facturó 120 millones, de los cuales un 60% proceden del sector público. Las guarderías de Las Palmas, los juzgados que le investigan… lucen el sello del Grupo Ralons. “No es el pez grande el que se come al chico, es el rápido el que se come al grande. Si alguien ofrece tres walkies, yo cuatro, pero me llevo el contrato”.

Se compra casa en Miami, donde viaja a ver a los Heat desde el palco, y se mueve en su BMW 750 con chófer, aunque en Madrid tiene un Porsche Panamera (valorado en 150.000 euros). Emplea a 5.200 personas, 1.500 de ellas en la Península. Es tan popular que parece haber olvidado el consejo de Tadeo, su mentor: “Camina sobre el suelo y no levantes polvo”.

En 2013 da un nuevo salto y extiende sus negocios a Perú. Pero en el camino del éxito aún no se ha desvanecido la amenaza de la cárcel y las perspectivas no son halagüeñas: La juez del caso se opone a la medida gracia porque no ha demolido las obras ni ha mostrado arrepentimiento. Lo mismo hace el fiscal Ródenas, que añade que si hubiera derribado “si podría justificar una rebaja parcial de la pena”.

Sin embargo, el 31 de octubre pasado, en contra de esos dos informes, Justicia le da un indulto parcial: rebaja la pena a dos años de cárcel, que evita el ingreso en prisión, siempre y cuando derribe la pajarera, la pérgola y los caminos. Solo el 6% de los 690 indultos concedidos por el Gobierno en los dos últimos años contaban con informes contrarios de juez y fiscal, aunque fuentes del ministerio insisten en que a Ramírez no se le dio por sus contactos, sino porque quedaba obligado a demoler.

Ramírez evitó la cárcel y, de momento, también demoler lo construido. Siguió la batalla legal hasta lograr en lo contencioso una sentencia que anula la orden del Cabildo de Gran Canaria que se negaba a legalizar su obra. Con esa sentencia, Ramírez pide al Supremo una revisión de su condena penal y mientras este falla, la juez le permite aplazar el derribo.

El 30 de noviembre pasado, diez después de que el BOE publicara su indulto, Ramírez inaugura su concesionario de BMW, el único en la isla. Ante lo más ilustre de la sociedad de Las Palmas, le presenta el ministro de Industria, José Manuel Soria, exalcalde de la ciudad, que lo ensalza: “Tienes un sueño y lo conviertes en una idea y esa idea en un proyecto y ese proyecto en un hecho”.

“¿Acaso hay alguien en la cárcel por el Algarrobico?”, se pregunta

Fuentes próximas a Soria niegan que tengan una relación estrecha y afirma que le conoce como a tantos empresarios. Ramírez niega que Soria mediara en su indulto y que le haya favorecido. Sostiene que tiene mejores amigos en el PSOE que en el PP: “Tengo una magnífica relación con la clase política. Colaboramos con todos los partidos. Cuando hay campañas electorales podemos cederle chóferes y conductores, y lo hacemos a todos”. En la contabilidad del PP nacional de 2011 aparece la empresa Gestiones y Asesoramientos 3000 con una donación de 50.000 euros. El año anterior había entregado otros 100.000 euros. Como apoderado figura Miguel Ángel Ramírez.

Pese al indulto, el camino judicial de Ramírez sigue empinado. La fiscal de la Audiencia Provincial de Las Palmas Evangelina Ríos se querelló contra él hace una semana por delitos contra la Hacienda Pública durante 2008 y 2009, en los que dejó de ingresar cuotas por 1,25 y 1,14 millones de IRPF de muchos de sus trabajadores al camuflar las horas extra como dietas y gastos de viaje, que, además, desgravan. La investigación se basa en las denuncias presentadas ante la Fiscalía Provincial y la Agencia Tributaria por la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FSTO-USO). La Inspección ha entrevistado a centenares de vigilantes de SIC.

La querella califica de elocuente que entre las empresas que trabajan en el sector de la seguridad las dietas declaradas supusieron en 2008 un 3,28% de los rendimientos del trabajo, mientras que en el caso de SIC superan ese año el 30%. Ramírez consigue un “ahorro considerable en costes de personal, lo que le habría proporcionado ventaja respecto a sus competidores”.

Basilio Febles, secretario de la USO en Canarias, otro de los impulsores de la denuncia destapada por la Fiscalía, lo define como un hombre “temerario y aventurero que está por encima de la ley y el orden”. Antonio Duarte, secretario general confederal de este sindicato, había denunciado a todas las autoridades de Canarias las irregularidades de Ramírez. “No nos hicieron ni caso”, se queja.

El empresario culpa de sus males a las envidias de sus competidores y a los sindicatos. “Estamos muy tranquilos. Hemos hecho las cosas correctamente aunque no es de buen trago pasar por un procedimiento cuando uno tienen un eco público”. La noticia de la querella ha sido borrada de algún medio de comunicación de Canarias, pero él rechaza las acusaciones de que controla la prensa local mediante la abundante publicidad y continuas llamadas.

Su figura ha crecido tanto que la sombra ya se proyecta sobre la ficción. En la novela Morir despacio, el escritor canario Alexis Ravelo dibuja a un empresario de seguridad de Las Palmas que de joven cuidaba coches y vendía fruta y que ha crecido a la sombra del poder, especialmente de un atildado cargo que ahora está en Madrid y que se apellida Burgos. Tras una condena por unas obras en su chalé, el empresario es indultado por el Gobierno. La novela está escrita en 2012, un año antes de que el Gobierno de Rajoy indultara a Ramírez. Es solo ficción.

/ Las Palmas de Gran Canaria / Madrid 15 FEB 2014 – 22:31 CET

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/14/actualidad/1392413894_125387.html

En el número 15 de la calle de Belfast, en un polígono industrial a las afueras de Madrid, una nave gigantesca acoge los restos de lo que hasta hace muy pocos meses era una de las mayores empresas de seguridad de España: cámaras acorazadas, 30 vehículos blindados, maquinaria de limpieza y alarmas valoradas en dos millones que serán desahuciados por abandono el próximo día 24 si sus dueños no se presentan a rescatarlos.

Su propietario, Juan José Prados del Pino, de 65 años, no está ni se le espera. Permanece desaparecido desde octubre de 2012 junto a su esposa, María Pilar García de la Torre, de 58, y uno de sus tres hijos, un adulto con una discapacidad, y ha eludido por el momento la acción judicial. Una juez de Madrid le acusa de delitos contra la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores —adeuda más de 30 millones de euros— y ha dictado una orden de búsqueda y captura internacional. Las primeras pistas conducen hacia Argentina y Portugal.

Ni la policía que le investiga, ni la juez que instruye el caso, ni los 2.000 trabajadores que le han denunciado por impago de sus nóminas saben cuantificar el tamaño exacto del agujero que ha dejado a su plantilla y a la Seguridad Social este hombre grueso, paternalista, emprendedor y maestro en comprar voluntades entre los funcionarios de las administraciones donde sus empresas obtenían millonarios concursos públicos. Entre ellos, el del propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social, cuya sede vigilaban sus hombres, al que facturó más de seis millones de euros. En su palco del Real Madrid, de 20 plazas, y en su yate Sweet Dreams 2,  de 31 metros de eslora, se acomodaron una larga lista de funcionarios y algunos sindicalistas. “Era un gran conseguidor”, confiesa uno de sus extrabajadores y amigo.

El caso acaba de tomar un giro inesperado. Antonio Silva, uno de los directivos de Esabe detenido e imputado junto a otras diez personas en una redada policial en diciembre de 2012, ha entregado a la juez Purificación Romero, titular del Juzgado número 37 de Madrid, 200 sellos de caucho, clichés, plantillas y pegatinas de decenas de organismos oficiales de Valencia, Madrid, Badalona, Cáceres y Sevilla con los que supuestamente se falsificaron documentos públicos, según aseguran fuentes de la investigación a El PAÍS..

¿Para qué se utilizaron los tampones de los Ministerios de Fomento y Justicia, la Agencia Valenciana de Salud, la Empresa Municipal de Aguas de Sevilla o la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, donde Esabe consiguió contratos por ocho millones? ¿Y las plantillas de la Gerencia Territorial de Extremadura, la Intervención del Ayuntamiento de Leganés, el hospital General Universitario de Alicante o la Junta Municipal de La Latina de Madrid? Los inspectores de la Unidad de Seguridad Privada, que dirige el comisario Esteban Gándara, creen que Esabe falsificó documentos de las administraciones donde concursaba para simular que estaba al corriente con la Seguridad Social. Sin esa acreditación no podría concurrir. Uno de los imputados ha confesado que en Valencia un tal Eloy facilitó los concursos del hospital de la Fe. “Tuvo que haber connivencia entre políticos y la empresa”, apunta Antonio Duarte, secretario de FTSP-USO, que ha denunciado a Esabe.

Juan José Prados trabajaba a finales de los ochenta como director financiero de Esabe Ingeniería, propiedad de José Luis Aguirre, entonces una de las compañías de seguridad más grandes de España. La empresa quebró poco después y Prados montó con cinco personas ESB (luego rebautizada como Esave y Esabe) en un modesto piso del barrio madrileño de Ciudad Lineal. El vigilante Manuel Jurado fue una de las primeras 25 personas que comenzó a trabajar con él: “Consiguió el contrato de vigilancia de Nuevos Ministerios y abrió delegaciones por toda España. Iba a los concursos a la baja, con ofertas muy agresivas. Si había que cubrir un servicio con 100 vigilantes, él lo hacía con 80, y el resto, con horas extraordinarias. En temas financieros era un hacha, enseguida sacaba la calculadora y hacía números”.

“Se marchó porque temía un linchamiento” Alberto Salido, abogado de Prados

El sueño de Prados era emular a la antigua Esabe y lo logró. Extendió el negocio de la vigilancia al transporte de fondos, a las alarmas, la limpieza y los servicios auxiliares. La plantilla creció hasta 6.000 personas. En pocos años saltó del pisito en Ciudad Lineal a alquilar un edificio entero en la madrileña calle de Cronos con gimnasio, escuela de formación y un enorme sótano donde instaló la base de transporte de fondos y las cámaras acorazadas. En el parquin aguardaban un Ferrari rojo y el Audi 8 de su chófer. Su despacho estaba en la cuarta planta con una mesa de mármol blanca donde se reunía con sus directivos, a los que convenció con sobresueldos para que figuraran como administradores de sus empresas. Muchos días les recordaba que él era “Dios”. Llama la atención que Prados no aparece en ninguna de las 23 sociedades del grupo. “Se estaba desvinculando por su edad”, esgrime Alberto Salido, su abogado.

En 2009 llegaron las primeras denuncias. Los trabajadores recibían sus salarios con atraso y cobraban las horas extra en talones cruzados y fuera de la nómina. José María Ramos, un inspector de trabajo, comenzó a asomar su nariz por Esabe, y María G., la jefa de recursos humanos de la empresa, a acudir todos los martes a la Inspección de Trabajo a parar los golpes. “Había muchas propuestas de sanción, pero hacíamos alegaciones y recursos para demorarlas un año”, recuerda la extrabajadora, de 32 años. Llegaron sanciones millonarias que no se pagaban y comenzaron los embargos de cuentas. En 2011, Prados dejó de abonar las horas extra a sus empleados y hubo una avalancha de reclamaciones en los juzgados. El siguiente paso fue no pagar los salarios. Un vigilante al que se le adeudaban varios meses se ahorcó en Sevilla.

—¿Tú sabes quién es Dios?

—No.

—Lo conoces bien, lo tienes delante.

Así describe el vigilante Francisco Quintero, de 46 años, padre de dos hijos, la conversación que tuvo con Prados cuando le comunicó en su despacho que le iban a embargar su piso de 50 metros en Carabanchel (Madrid) por no poder pagar la hipoteca. “Me dio buenas palabras, pero no cobré y perdí mi casa. Siempre decía que él cuidaba por sus hombres y mujeres”.

El puente del Pilar de 2012, Prados y su esposa se despidieron de sus empleados más fieles: “Hasta el lunes”. Fue la última vez que se les vio en la sede de la calle de Cronos. Dos meses después llegó la redada policial del comisario Gándara. “Lo buscamos, pero no lo localizamos”, asegura un responsable policial. Salido, el abogado de Prados, afirma que estaba en su casa de Málaga y que se reunió con él hasta esfumarse. “Nos vimos en mi despacho este pasado verano. Luego se marchó, temía un linchamiento. La Administración le debe casi 20 millones. No pagaba porque no le pagaban. Esa es la causa de todo”.

Prados logró con regalos muchos favores, información sobre los concursos y que le agilizaran algunos pagos en Madrid y Valencia. “Fiestas, relojes y hasta un BMV 320. Era muy espléndido con los funcionarios que movían los contratos”, confiesa uno de sus extrabajadores y amigo.

El yate del empresario ha desaparecido. La juez no aceptó la petición de embargo de la Policía. La última vez que fue avistado iba rumbo a Gibraltar. “Allí tenía algo”, afirma una de sus exdirectivas.

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