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La Policía Nacional ha detenido al líder del grupo de grafiteros «Original Writers» después de que fuera grabado cuando rompía 24 cristales de un tren junto a otros individuos, uno de los cuales también ha sido arrestado, en la estación de Valdemoro.

Al cabecilla de este grupo se le imputa la autoría de 54 grafitis en trenes e instalaciones ferroviarias con los que causó daños que ascienden a 269.534 euros, según informa la Policía Nacional. El grupo «Original Writers» lleva realizando pintadas en instalaciones y material ferroviario desde 2008, actuando incluso en otros países.

La empresa ferroviaria presentó el pasado 22 de abril una denuncia por daños valorados en 8.251,41 euros causados por la fractura de veinticuatro lunas en un tren en la estación de Valdemoro. Aportaba además grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación en las que se apreciaba cómo dos individuos causaban los destrozos con un martillo de emergencias.

Los agentes del Grupo de Grafitis de la Brigada Móvil-Policía en el Transporte se hicieron cargo de la investigación y tras estudiar exhaustivamente las grabaciones lograron identificar a uno de los autores de los daños, que fue localizado y arrestado.

Al avanzar las pesquisas, se identificó al segundo de los implicados: un conocido grafitero, que habitualmente firma habitualmente como «Kirax», líder del grupo de grafiteros «OW» siglas de «Original Writers». La actividad de este grupo se conoce desde 2008, habiendo realizado pintadas en material e instalaciones ferroviarias españolas y de otros países, firmado sus pintadas con diversas firmas, entre ellas: KIRAX, KIRAS, KIRA, KIRS, KIRX, SHEI Y SHEY.

Tras ser identificado, se estableció un dispositivo que concluyó el pasado día 4 de julio cuando se detuvo a esta persona. La investigación sigue abierta para determinar la posible implicación de los arrestados en otros hechos similares.

http://www.abc.es/local-madrid/20130711/abci-detenido-lider-grupo-grafiteros-201307110942.html

Madrid, el ‘Gran Hermano’ de los grafiteros

Madrid, el 'Gran Hermano' de los grafiteros

Madrid va a convertirse en un plató gigante de ‘Gran Hermano’ que, sin premio en metálico, vigilará de cerca a los grafiteros de la ciudad. Para ello, el Ayuntamiento se plantea utilizar como mínimo unas 1.250 cámaras para identificar a los ‘artistas callejeros’. El Área de Seguridad y Emergencias aportaría 100 cámaras y la de Medio Ambiente facilitaría 1.150 aparatos (250 cámaras de control de acceso a las áreas de prioridad residencial y cámaras de vigilancia de tráfico en superficie, más 900 cámaras de los túneles de la ciudad).

Así lo ha indicado el delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Diego Sanjuanbenito, tras presentar las obras de infraestructura para la conducción de Agua Regenerada hasta el Parque Forestal de Villaverde y después de que el delegado de Seguridad y Emergencias, Enrique Núñez, haya señalado que el Consistorio trabaja en un informe jurídico sobre el uso de cámaras para facilitar la identificación y sanción de las personas que realizan ‘pintadas’.

De hecho, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad ha condicionado este proyecto de su Área a que el informe considere “valido” el uso de las cámaras del Consistorio para luchar contra las ‘pintadas‘. Su limpieza cuesta a las arcas municipales unos 9 millones de euros al año, que según ha destacado, “podrían emplearse en muchas otras cosas constructivas para la ciudad”.

“Utilizaremos todas las cámaras que tiene el Ayuntamiento desplegadas en la ciudad, siempre y cuando tengamos el respaldo jurídico para hacerlo”, ha señalado Sanjuanbenito, quien ha concretado que el Consistorio se plantea el uso tanto de las cámaras de seguridad ciudadana, como las cámaras de control de acceso a las áreas de prioridad residencial o las cámaras de vigilancia de tráfico. Sobre estas últimas, Sanjuanbenito ha reconocido que son “menos efectivas porque están a más distancia”.

La Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana puso en marcha el pasado día 10 una operación de servicio especial contra actos vandálicos en el Metro de Madrid para empezar a recopilar datos y poder detener a los infractores y delincuentes. En el marco de esa operación ha sido detenida una persona que firma como ‘Kirax’ y es el líder de la banda de grafiteros ‘Original Writers’, al que imputan la autoría de 54 pintadas en trenes e instalaciones ferroviarias que han causado daños que ascienden a 269.534 euros.

La recaudación se multiplica por diez

El delegado ha defendido el refuerzo de la cuantía de sanciones a pagar por este tipo de prácticas que ha llevado a cabo el Consistorio madrileño en los últimos años. De hecho, Sanjuanbenito ha apuntado que “al mismo número de sanciones, prácticamente, ahora (el Ayuntamiento) recauda diez veces más” que hace unos años y ha destacado que su Gobierno “no renuncia a ningún método” para combatir esta práctica.

Por último, el delegado ha hecho un llamamiento a los vecinos para que sean “conscientes” de que realizar grafitis es una práctica “agresiva contra Madrid” y, por ello, ha abogado por que la gente pueda decir a aquel que “esté protagonizando uno de estos actos vandálicos” que no lo haga de una manera “preventiva” para no tener que actuar “tanto contra las consecuencias”.

http://www.lavanguardia.com/54378015775/index.html

El viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Borja Carabante, ha asegurado este miércoles que el nuevo director general de Seguridad de Metro de Madrid, Bruno Fernández Díez, “ganará lo mismo que el resto de los cargos de su rango”, lo que supone que “no llegará a los 100.000 euros”, tal y como estimaron CC.OO y UGT.

En una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, el viceconsejero ha asegurado que Fernández Díez “va a ganar lo mismo que el resto de los cargos de su rango”, por lo que “no va a llegar a los 100.000 euros, pues en Metro de Madrid no hay nadie que gane 100.000 euros al año”.

Carabante ha explicado que el suburbano madrileño ha decidido “fichar” a Fernández Díez por ser “una persona de reconocido prestigio” que “sumará a Metro su trabajo para reducir el déficit de la empresa y poder, así, hacer sostenible financieramente al suburbano y poder salvar los empleos”, algo que ha resaltado, “es el principal objetivo de la Comunidad de Madrid”.

Asimismo, el viceconsejero ha apuntado que otra de las razones por las que Metro ha decidido poner a Fernández Díez al frente de esta nueva Dirección General de Seguridad en Metro es la necesidad del suburbano de “contar con técnicos adecuados que gestionen la complejidad del nuevo contrato de seguridad”, que supondrá un ahorro de 7 millones de euros.

SE REMUNERARÁ AL LICITADOR POR LA CALIDAD DEL SERVICIO

Carabante ha indicado que en el nuevo contrato de seguridad contempla que al licitador se le remunere en función de la calidad del servicio que preste. En este sentido, el viceconsejero ha precisado que “uno de los condicionantes que puede contribuir o no al cobro de esa retribución es el daño que se pueda hacer a la imagen de metro de Madrid”.

Preguntado sobre si las protestas dan mala imagen a Metro, Carabante ha respondido que “lo que da mala imagen son las huelgas permanentes y sistemáticas que están haciendo los sindicatos de metro de Madrid intentando boicotear al máximo el Plan Estratégico que se ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid”.

Un portavoz del suburbano, indicó a Europa Press que el nuevo contrato de seguridad que Metro de Madrid ha licitado contempla una cláusula que establece sanciones a la adjudicataria en caso de que su política de Recursos Humanos (RR.HH) genere protestas entre los trabajadores.

Aparte, se fijan también penalizaciones en caso de que la acción de la empresa repercuta en la imagen corporativa del suburbano. Para ello, se establece un baremo que mide gradualmente las posibles sanciones y donde se estipula también una escala de difusión de aspectos que dañen la imagen de la compañía.

http://www.europapress.es/madrid/noticia-carabante-asegura-sueldo-nuevo-director-seguridad-metro-no-llegara-100000-euros-20130612141127.html

El clan de las Bosnias, cinco mujeres carteristas que suman más de 330 antecedentes por hurtos cometidos durante una década en las estaciones de Metro de Madrid, podrán volver al suburbano, después de la Audiencia Provincial haya revocado la medida cautelar que se lo prohibía con el fin de evitar que siguieran robando. La orden de alejamiento, novedosa en la capital y aplicada con anterioridad en Barcelona, ha estado en vigor apenas tres meses.

La dictó el 21 de febrero el Juzgado de Instrucción número 48 de la capital después de que la policía desarticulara al grupo una semana antes. Las cinco están pendientes de juicio y se las acusa de ser un grupo criminal organizado y jerarquizado. La pena por este delito es de tres a seis años al organizador y de dos a cinco para los integrantes.

Los magistrados de la Audiencia también apuntan a que la identidad de las víctimas cuya protección se persigue con la medida cautelar “tampoco consta”. “No vemos qué añaden las medidas adoptadas en términos de eficacia y de cara a proteger a eventuales víctimas futuras, a los sistemas de vigilancia y control existentes en la red de Metro, sobre todo en las estaciones más céntricas que integran el supuesto radio de acción de las denunciadas”, apostillan.

Además, se quejan de que se está privando a las integrantes del clan de las Bosnias, llamadas así porque todas son de esta nacionalidad, de un servicio público, como el Metro, “esencial para gran número de los ciudadanos”. Por todo ello, la sección cuarta de la Audiencia Provincial concluye que revoca la medida cautelar por ser “desproporcionda, tanto por extenderse inmotivadamente a toda la red de Metro de la Comunidad, como por no establecer un periodo de vigencia razonablemente previsible”.

Quiénes son Las Bosnias

V. TORRES / F. J. BARROSO

Son expertas en hacer el tapón (provocar una pequeña aglomeración y proceder al robo) y en la muletilla (taparse con un periódico o una chaqueta para sustraer objetos disimuladamente). Se las considera las carteristas más activas y veteranas de la capital, ya que llevan más de 10 años dedicadas a cometer hurtos en las estaciones más frecuentadas por turistas. Solo una acumula más de 80 y otra ya fue cazada en 1998 en Barcelona.

Según las pesquisas de la policía, se desplazaban desde su lugar de residencia, en Leganés, a las paradas de metro más frecuentadas, donde intentaban no ser detectadas por la policía. Para ello, simulaban ser turistas e iban bien vestidas. Pero no solo les gustaba el metro. Los papeles entre las cinco estaban bien definidos y repartidos. La líder y más veterana del grupo, Raifa I., de 30 años, se encarga de distribuir las zonas de los robos y de marcar a las víctimas. Justo debajo está Zahida I., de 36, que sustraía o picaba las carteras. Las otras tres mujeres se dedicaban a distraer a la víctima o de tapar a su compañera para que nadie las viera.

Una portavoz de la policía explica por qué estaban en la calle a pesar de tantas detenciones: comenten robos menores y sin violencia. “La falta de hurto tiene pena cero, no se las puede ni detener. Para que sea delito de hurto, se las pueda arrestar y llevarlas ante el juez, tienen que haber sustraído más de 400 euros”. Habitualmente, este tipo de carteristas va documentado, así que cuando se les sorprende con las manos en la masa, se les identifica y se les cita para un juicio de faltas, al que si quieren acuden y si no, no. En el juicio se les impone una multa que no suelen pagar porque se declaran insolventes.

En 2006, este diario ya contó cómo actuaban Las Bosnias en un reportaje sobre la Estación Sur de Autobuses, donde se producían un centenar de robos al mes, el 30% de ellos superiores a los 400 euros. Las Bosnias, decía esta pieza, “llegan en grupo, empiezan a montar escándalo, a gritar, y acaban envolviendo a alguien que no puede zafarse. Cuando se quiere dar cuenta, le han limpiado la cartera”.

Las medidas cautelares impedían a las imputadas a acercarse a cualquier instalación de Metro de Madrid y Metro Sur hasta que acabara el procedimiento. Si la policía las hubiera encontrado en el metro o sus inmediaciones, podía arrestarlas por quebrantar de la orden de alejamiento. Antes, a pesar de saber a lo que se dedican, solo se las podía “espantar”, según fuentes policiales.

Precisamente el hecho de que la orden se extendiera a toda la red del suburbano y que no tuviera un periodo de vigencia límite son dos de las principales razones que alega el abogado de la defensa, que recurrió esta medida al considerarla “desproporcionada y sin fundamento”. A su juicio, la orden de alejamiento infringe dos artículos de la Constitución, tampoco “consta a qué víctimas se protege con la medida” y “carece de cobertura legal”.

El Ministerio Fiscal impugnó este recurso porque la investigación policial demostró que las imputadas “han cometido numerosos infracciones contra el patrimonio de las instalaciones de Metro”, que existen grabaciones en las que se las ve in fraganti, que se trata de unos hechos “muy graves, que provocan alarma social” y que existe “un riesgo claro” de que sigan robando.

En un auto conocido hoy y contra el que no cabe recurso, la sección cuarta de la Audiencia Provincial estima el recurso de apelación y revoca la resolución del juzgado, con lo que deja sin efecto las medidas cautelares. En el auto, la Audiencia sostiene que la motivación del auto apelado es “precaria y superficial” y que la prohibición de la entrada al Metro es “un tratamiento indiscriminado y no justificado”, teniendo en cuenta que las cargas que tienen las cinco imputadas no son iguales. “Debe resaltarse que no consta que se haya producido ninguna sentencia condenatoria por alguno de tales hechos”, añaden los jueces de la Audiencia.

Consideran también “muy discutible” que se pueda aplicar en este caso el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que contempla medidas cautelaras para proteger a las víctimas de determinados delitos, como la violencia de género. “El delito imputado a las recurrentes es el de formar parte de un grupo criminal dedicado a la comisión de faltas de hurto. No hay imputación por hechos concretos que revistan los caracteres de uno o varios delitos o faltas contra el patrimonio”, justifican.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/16/madrid/1368703799_240070.html

Un andén del metro, en Madrid

  • La empresa pública reduce a la mitad el personal que vigila las cámaras desde las estaciones de Ventas, Avenida de América y Pacífico.
  • Desde estos puestos se visionan en tiempo real las cámaras de la red del metro, se avisa de incidencias y se colabora con la Policía para esclarecer delitos.
  • La Comunidad también reorganiza la plantilla de seguridad de las cocheras y quita vigilancia en algunos recintos, lo que ha provocado un aumento del vandalismo.

La mitad de las pantallas de vigilancia de los puestos de seguridad de Metro de Madrid en los vestíbulos de Ventas, Pacífico y Avenida de América están apagadas. Los vagones están sufriendo actos vandálicos y se están llenando de grafitis. Los empleados de seguridad no dan abasto para controlar toda la red del suburbano madrileño. Estos son algunos de los resultados del último recorte de la Comunidad de Madrid en el servicio de Metro, que ahora afecta a la seguridad. De hecho, según datos de Metro, en 2013 dedicará dos millones de euros menos a la seguridad, al pasar de 50 a 48 millones (un 4% menos).

“Con la reducción de viajeros y las nuevas tecnologías se puede prescindir de ellos”

El ajuste más llamativo lo han sufrido los llamados Puestos de Seguridad de Líneas (PSL). La red de Metro cuenta con seis salas distribuidas en otras tantas estaciones, desde donde se visionan todas las cámaras de vigilancia del suburbano. Estos PSL, que sirven de apoyo a la central de mando, están situadas en las vestíbulos de Ventas, Pacífico, Avenida de América, Puerta del Sur, Nuevos Ministerios y Moncloa.

Hasta hace apenas un mes, en cada uno de estos puestos trabajaban cuatro vigilantes (dos pertenecientes al personal propio de Metro y otros dos de empresas privadas). Sin embargo, el pasado 31 de enero Metro adjudicó un nuevo contrato, que introducía un recorte en el servicio: se eliminan los vigilantes privados de los PSL de Ventas, Pacífico y Avenida de América, que se quedan solo con los dos empleados propios de la empresa pública. Al reducirse la plantilla que visiona las pantallas, también se han apagado los monitores.

“De los 12 trabajadores de la concesionaria, se ha pasado a seis. El motivo es que, al hacer las ampliaciones del metro se pensó que este número de centros eran necesarios, pero con la reducción de viajeros y la incorporación de nuevas tecnologías se ha visto que se puede prescindir de ellos”, señala una portavoz de Metro. Según el pliego de condiciones del contrato, desde estos puestos de seguridad se realiza el control de las rondas de los vigilantes, el visionado de imágenes a tiempo real, la visualización de incidencias, la atención a la Policía para esclarecer delitos o la información a la central en caso de “aglomeración de clientes, actitudes sospechosas de clientes, presencia de vendedores, actitudes de botellón, etc.”.

Metro asegura que las cámaras que antes se visionaban desde Ventas, Pacífico o Avenida de América “se seguirán vigilando, aunque con menos personal y desde otras instalaciones”. Sin embargo, los empleados que hacen este trabajo creen que la seguridad se verá afectada: “Tenemos que estar pendientes de las imágenes procedentes de unas 800 cámaras, que van rotando. Es una labor que requiere mucha atención y personal suficiente que esté pendiente de cualquier incidencia. Ahora, sin duda, los que queden tendrán sobrecarga de trabajo”, apunta un trabajador. “Cada PSL controlaba las cámaras de tres líneas. Ahora tendrán que ver las de seis”, añade.

“Reordenación de plantilla”

Por otro lado, Metro está “reorganizando la plantilla de seguridad en cocheras y depósitos“, según apunta la misma portavoz de la empresa pública. Esta reordenación implica que, en algunos recintos, “se está aumentando el personal, mientras que en otros se está reduciendo; aunque al final se trabaja con la misma plantilla“. Desde el suburbano, en cambio, no dan la cifra total de trabajadores que vigilan las cocheras ni los puntos en los que se está reduciendo.

“Hemos detectado la entrada de personas ajenas que se dedican a deteriorar el material móvil”

La empresa pública asegura que el objetivo es “ser más eficiente, aprovechar mejor los recursos y optimizar el servicio”. Sin embargo, los trabajadores alertan de que la reducción en algunas cocheras ya se está notando en un aumento de los actos vandálicos.

“Tenemos pendiente una reunión con la empresa para informarles sobre la detección creciente de vagones con grafitis, debido a la entrada de personas ajenas que se dedican a deteriorar el material móvil”, apunta el portavoz de UGT en Metro de Madrid, Teodoro Piñuelas. “En algunos casos, han dejado solo un vigilante para controlar toda la instalación”, asegura Piñuelas. “Algún recinto se ha reducido, pero en otros se ha pasado de un trabajador a tres”, responden desde Metro.

Además de la seguridad en los PSL, los depósitos y las cocheras, Metro está pendiente de adjudicar el nuevo contrato de vigilancia en líneas (los controladores de los andenes, pasillos, vestíbulos y vagones). El nuevo pliego de condiciones introduce una novedad respecto al anterior: la Comunidad pagará a la empresa adjudicataria en función del cumplimiento de unos objetivos, y no según el número de horas de vigilancia prestadas. Así, Metro penalizará a las concesionarias en caso de que existan actos vandálicos, haya venta ambulante o el tiempo de respuesta de los empleados de seguridad sea excesivo.

http://www.20minutos.es/noticia/1742743/0/metro-puestos/control-pantallas/vigilantes-cocheras/

Metro de Madrid ha lanzado un nuevo concurso público para contratar los servicios de vigilancia para los próximos cuatro años que presenta como principal novedad la creación de un sistema de objetivos que deberán cumplir las empresas adjudicatarias que opten al proceso, en sustitución del anterior criterio que basaba los resultados del servicio en función las horas de vigilancia prestada.

En consecuencia, las empresas que opten al proceso se comprometen a cumplir los parámetros fijados por parte de Metro y se establece una revisión, cada mes, de los resultados del servicio prestados para comprobar que las adjudicatarias han alcanzado los objetivos fijados y, en caso de no hacerlo, serán penalizadas por el suburbano.

El citado concurso, consultado por Europa Press, ya está publicado en la página web del metropolitano y establece por primera vez ese sistema de objetivos de cara a hacer más eficiente el conjunto del servicio.

Entre los objetivos que se articulan en el concurso para las empresas adjudicatarias se contemplan, entre otros, el cumplimiento de un tiempo máximo de respuesta por parte de los vigilantes desde que éstos son requeridos para cualquier actuación, la no existencia de actos vandálicos en las instalaciones de Metro o la erradicación de la venta ambulante ilegal en las estaciones.

Otra de las novedades que incluye el concurso, que entrará en vigor a partir del próximo verano, es que la red de Metro queda dividida en ocho zonas geográficas en lugar de repartirse en líneas de Metro, como hasta ahora. De este modo, el sistema de seguridad pretende aumentar el tiempo de respuesta a los propios vigilantes al permitir una mayor movilidad en caso de necesidad.

Por otro lado, las empresas adjudicatarias deberán subrogarse a todo el personal que en la actualidad está prestando servicio en Metro. El precio máximo de licitación es prácticamente el mismo que en la actualidad, pasando de los 50 millones actuales a 48 millones de euros.

Otra de las novedades que establece el nuevo concurso es que las empresas finalmente facturarán a Metro no en función de las horas prestadas sino por el total del servicio por los cuatro años de concurso.