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http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/05/pdfs/BOE-A-2014-3649.pdf

 

 

 

 

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Texto final del proyecto de Ley de Seguridad Privada con las enmiendas aceptadas del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Catalán CiU en el Senado:

http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_315_2276.PDF

 

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La nueva Ley de Seguridad Privada, que aprobará definitivamente el Congreso en la primera quincena de este mes, no permitirá a los vigilantes de seguridad pedir el DNI a los ciudadanos en la calle ni tampoco interrogar a un sospechoso. Lo único que podrán hacer, como cualquier ciudadano ante supuestos de flagrante delito o razones humanitarias, será retenerlo e inmovilizarlo y ponerlo en el tiempo más breve posible a disposición de las Fuerzas de Seguridad.

El texto también regula la actuación en determinados supuestos tasados los servicios de vigilancia y protección prestados por los vigilantes de seguridad en espacios públicos cuando dichos servicios sean contratados, actualiza la regulación ante las nuevas amenazas y riesgos, profesionaliza la formación, otorga mayor seguridad jurídica en la prestación de los servicios de seguridad y eleva el importe de las sanciones más graves a las empresas hasta los 600.000 euros, según Jorge Salgueiro-Rodríguez, vocal de la Comisión Nacional de Seguridad Privada y vicepresidente ejecutivo de Aecra .

Pero sobre todo, lo que intenta esta ley es, por una parte, dar cobertura legal a servicios que de hecho ya se prestan y, por otra, insistir en que la seguridad privada estará siempre subordinada a la pública, aumentando además los controles en este sentido.

Estas son las claves de la nueva ley:

¿Es un nuevo modelo?

En absoluto, se trata de una puesta al día de la ley de 1992 y, como ésta, considera a la seguridad privada como una parte de la pública, cuyos servicios son complementarios y siempre subordinados a ésta. Actúa con carácter preventivo y disuasorio y tiene la obligación de informar y colaborar de forma permanente con las Fuerzas de Seguridad.

¿Por qué se cambia la ley?

Por los cambios tecnológicos que se han producido en estos 22 años, la existencia de nuevos riesgos y amenazas, los cambios normativos impuestos a España por la Unión Europea, la necesidad de precisar y aclarar la normativa vigente, que ha provocado distintas interpretaciones de la misma, lo que afecta de lleno a la seguridad jurídica, y la falta de regulación que existe de situaciones y conductas, lo que provoca una desprotección jurídica de las personas que trabajan en este ámbito.

¿Actuarán los vigilantes en la calle?

Primero hay que aclarar los ámbitos. Por espacio o vía pública se entienden los caminos, plazas, calles, paseos, parques, avenidas, y en general lugares y espacios físicos de uso o servicio exclusivamente público. La intervención y actuación ahí corresponde en exclusiva a las Fuerzas de Seguridad. Ni se privatizan los espacios públicos ni se sustituye la seguridad pública por la privada, ya que la segunda es subordinada y complementaria de la primera. La intervención de la seguridad privada en espacios públicos se producirá de forma excepcional y siempre controlada por la seguridad pública. La protección de personas y bienes se realizará de forma general en el interior de inmuebles o propiedades, sean o no de uso público, como pueden ser centros comerciales. Eso sí, de forma excepcional, las empresas podrán prestar sus servicios de seguridad privada en espacios o vías públicas en caso de que sorprendan a una persona cometiendo un delito o por razones humanitarias. También en el transporte y distribución de objetos valiosos, manipulación de bienes, servicio de verificación de alarmas, retirada y reposición de fondos de cajeros automáticos, vigilancia de medios de transporte, de lugares que son objeto de protección o en desplazamientos excepcionales al exterior de la propiedad protegida. En cualquier caso, siempre se hará con el conocimiento, control y supervisión de las autoridades gubernativas, que serán avisadas previamente. La nueva ley mantiene también las previsiones reglamentarias en lo que se refiere a estos servicios excepcionales de vigilancia, aunque actualiza su redacción. E incorpora algo que de hecho ya se estaba produciendo, aunque sin cobertura legal, como es la vigilancia perimetral en centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros y de edificios oficiales. Por último, se regulan los servicios de vigilancia y protección en espectáculos deportivos y culturales desarrollados en espacios públicos.

¿Los vigilantes asumen nuevas funciones?

En absoluto, son las mismas que en la ley vigente. El vigilante puede detener en la vía pública en las mismas condiciones que cualquier ciudadano. Está obligado a poner de inmediato o en el tiempo más breve posible al implicado a disposición de la autoridad policial, sin poder interrogarlo, ni pedirle tampoco el DNI, ni tomarle declaración o redactar atestado. Deberá limitarse a anotar los datos del detenido en una libreta o documento similar y la inmovilización se realizará con los grilletes. Eso sí, ahora se le reconocerá una especial protección jurídica como autoridad a los efectos penales en determinados supuestos y cuando se cometan contra los mismos delitos de atentado o desobediencia, siempre en el ejercicio de sus funciones y bajo el mando o coordinación de los agentes policiales.

¿Mejorará la formación?

Sí, y además dejará de depender solo del Ministerio del Interior. Habrá nuevas vías o sistemas de acceso para elevar el nivel formativo a través del Ministerio de Educación y del de Trabajo. Para dirigir una empresa de seguridad se exigirá bien un título de grado universitario o un postgrado, lo mismo que para ejercer como detective privado. También se dará entrada a la Formación Profesional para vigilantes de seguridad, escoltas guardas rurales y se amplían las exigencias de formación específica para determinados servicios.

¿Se vigilará más a las empresas?

Sí, porque la nueva ley potencia los requerimientos formales y materiales a las mismas. Deberán acreditar solvencia financiera y medios organizativos. Se garantizará la labor de auditoría por parte de la seguridad pública respecto a procedimientos y servicios, y habrá una inspección anual obligatoria y rigurosa, además de las que se hagan de forma habitual. Para perseguir el intrusismo, y garantizar el control permanente de las condiciones y procedimientos de los servicios de seguridad privada, la seguridad pública dispondrá al momento de toda la información de lo que esté ocurriendo a través de Administración electrónica a través del Registro Nacional de Seguridad Privada y Registros autónomicos.

¿Aumentan las sanciones?

Sí, en particular aquellas multas por infracciones muy graves cometidas por las empresas de seguridad, que pasan de 30.000 a 600.000 euros.

¿Habrá menos policías?

En absoluto por causa de la ley. Si eso se produce será por cuestiones presupuestarias o por políticas de austeridad. Es más; la ley busca el incremento de más efectivos policiales en las calles a fin de lograr un mejor aprovechamiento y efectividad en las funciones atribuidas a las Fuerzas de Seguridad para el mantenimiento de la seguridad ciudadana.

¿Cómo será la coordinación?

Se establecen planes obligatorios periódicos de coordinación entre la seguridad pública y la privada. Como ejemplo, destacar que la Dirección General de la Policía ha presentado recientemente el plan estratégico Segurpri de colaboración con las empresas de seguridad para la prevención del delito.

¿Qué modelos hay en Europa?

Hay varios tipos, aunque la tendencia es optar por un modelo de seguridad privada de pormenorizada regulación y control estricto, que es el que siguen España, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. En el lado contrario; es decir; aquel que sigue un modelo de seguridad privada de mínima regulación y control administrativo están Austria, Gran Bretaña, Irlanda, Grecia, Alemania y Francia, si bien este último país comienza a evolucionar en sentido contrario.

El PSOE ha presentado este martes en el Senado un veto a la nueva Ley de Seguridad Privada, porque según los socialistas está redactada con el único objetivo de “abrir la puerta” al negocio privado y que además, según denuncian los socialistas, “se ha utilizado de manera torticera para burlar un poco la Constitución”.

Para el PSOE, esta legislación, que sustituye a una anterior de 1992, debería haberse aprovechado para “cualificar” la profesión de la vigilancia privada. Y sin embargo cree que se ha utilizado como un paso más en la “ofensiva neoliberal” del Gobierno para “abrir nuevos nichos de mercado mediante la privatización de servicios públicos”.

Los senadores Enrique Cascallana y José María Ángel Batalla han explicado el veto presentado por el Grupo Socialista para devolver la Ley al Congreso y las más de 60 enmiendas registradas. “La ley responde a intereses ideológicos del Gobierno y del PP. Dado que privados son los bienes y los derechos a proteger, privada ha de ser su protección para quien pueda pagarla”, ha denunciado Cascallana.

Algunos de los aspectos más polémicos de la legislación son la posibilidad de que los vigilantes privados puedan encargarse de la vigilancia del perímetro exterior de las cárceles, así como la facultad que les otorga para detener, cachear e identificar a ciudadanos en la vía pública.

El PSOE ha denunciado que estos aspectos van contra la Constitución, que encomienda al Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) el “monopolio” de la defensa de la libertad. Además, mientras que en la Ley de 1992 la seguridad privada estaba “subordinada” a la pública, ahora queda como “auxiliar o complementaria” a ella y “esconde un equilibrio entre ambas”.

Según han alertado los senadores socialistas, esto abre además la puerta a una sucesión de conflictos entre vigilantes privados y Policía o Guardia Civil por su actuación ante los ciudadanos, con el único objetivo de “dar cobertura al negocio y las empresas”.

Pero además, han avisado de que, cuando habla de ampliación de los posibles ámbitos de actuación de los servicios de seguridad privada, establece que se decidirá “lo más conveniente” en función de efectos presupuestarios y del mayor o menor coste que pueda tener. “Esto lleva a decidir en función del montante y no de quién garantiza mejor la seguridad”, ha alertado Cascallana.

RENUNCIA A LA FORMACIÓN

Para el PSOE es especialmente relevante el apartado de la formación de los vigilantes privados, que cree que no queda resuelto en la nueva legislación porque renuncia a “apostar por una fomación reglada con la intervención de las autoridades académicas o a reforzar la formación continua que tienen que ofrecer las empresas”.

“Para ser miembro de las fuerzas de seguridad se requiere un largo periodo de formación. Pero no para formar parte de la seguridad privada y en cambio se atribuyen las mismas responsabilidades”, ha denunciado el senador socialista, que cree que el Gobierno adopta esta medida para contrarrestar las bajas tasas de reposición de empleo público.

“Se dibuja un sistema de seguridad privada que por una parte rebaja el estándar constitucional en relación con la seguridad y, por otra, a través de conceptos jurídicos indeterminados, abre la posibilidad a una ampliación de las competencias a la seguridad privada desbordando el modelo actual”, denuncia el veto de los socialistas.

El Grupo Socialista también ha manifestado sus críticas al artículo 15 de la nueva Ley, que autoriza la cesión de datos y la creación de bases de datos de la ciudadanía con criterios de seguridad.

PREOCUPANTE DERIVA DE INTERIOR

El PSOE ve esta nueva Ley de Seguridad Privada dentro de una “preocupante deriva” del Ministerio del Interior de “recorte de libertades”, y la ha unido a la Ley de Seguridad Ciudadana que “sigue la senda de restricción de derechos fundamentales y el endurecimiento de condenas”.

“Hay una involución democrática”, ha lamentado Cascallana, que ha acusado al Gobierno de querer “limitar la protesta social” y “establecer límites a los derechos” a través de “descalificaciones a todo el que protesta y una restricción de libertades”.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-veta-senado-ley-seguridad-privada-porque-abre-puerta-negocio-burla-constitucion-20140211195938.html

Ministerio del Interior

  • Han realizado observaciones 44 entidades representativas del sector de la seguridad privada, detectives privados, sindicatos, gremio de joyeros, así como la FEMP y la Generalitat de Cataluña además de los informes de la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional de la Competencia y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
  • El nuevo texto legal define la seguridad privada como complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por  la seguridad pública.
  • Las empresas de seguridad privada podrán realizar nuevos servicios a los que hasta ahora no podían acceder salvo encargos de investigación privada.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Seguridad Privada que ha presentado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que impulsará la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada, abrirá la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no estaban recogidos en anterior normativa de 1992. Además, la nueva Ley combatirá el intrusismo que conllevará graves sanciones como el cierre de aquellas empresas que infrinjan la nueva regulación.

La seguridad privada en España ha experimentado un extraordinario desarrollo en los últimos años. Este sector está compuesto por 1.490 empresas, con una plantilla de 85.000 personas y una facturación de 3.215 millones de euros, según los últimos datos disponibles correspondientes a 2012.

Nuestro país es uno de los Estados miembros con más policías por habitante (516 agentes por cada 100.000 habitantes, frente a los 385 de media de la Unión Europea). Mientras, el número de los vigilantes privados se sitúa en 195 por cada 100.000 habitantes, 76 menos que la media de la Unión Europea.

En su momento, la actual normativa de Seguridad Privada, que data de 1992, fue pionera e imitada por los países de nuestro entorno. No obstante, 20 años después de su aplicación ha quedado ampliamente superada por la realidad y ha puesto de manifiesto sus insuficiencias y lagunas.

Principales novedades del proyecto de Ley

Una vez presentado al Consejo de Ministros el pasado 12 de abril,  el Ministerio del Interior entregó el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada a las entidades representativas del sector de la seguridad privada en España. En estos dos meses, se han recibido 44 observaciones de varias entidades del sector, detectives privados, sindicatos, gremio de joyeros, así como la FEMP y la Generalitat de Cataluña, además de los informes de la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional de la Competencia y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Así, a partir de ahora, la nueva Ley de Seguridad Privada recoge el deber de comunicar los contratos al Registro Nacional de Seguridad Privada, sin que dicha comunicación incluya datos de carácter personal.

Se refuerza, además, el deber de reserva profesional de los detectives que sólo podrán informar de sus investigaciones a sus clientes o a los órganos judiciales y policiales en el ejercicio de sus funciones.

En cuanto a las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas con atribuciones en esta materia, el nuevo texto clarifica la distribución de estas competencias, a la luz de los modificaciones de los Estatutos de Autonomía en los últimos años.

En el caso concreto de la Generalitat de Cataluña, se han mantenido contactos de carácter técnico en los que se ha alcanzado un importante grado de consenso salvo en lo que se refiere a la inscripción de la apertura de los despachos de detectives cuya competencia, en todo caso, reside en el Estado.

Otra de las novedades que recoge el nuevo proyecto de Ley es la liberalización de la consultoría de seguridad. Es decir, si antes era necesaria la elaboración de análisis de riesgos, informes, planes y auditorías de sistemas de seguridad, todas ellas, actividades de seguridad privada que requerían autorización, a partir de ahora, se sustituyen determinadas autorizaciones previas para el ejercicio de ciertas actividades por declaraciones responsables (sin perjuicio de la facultad de comprobación administrativa).

Finalmente, los servicios que no podrán realizar las empresas de seguridad privada son los de investigación privada, reservados a las agencias de detectives.

http://www.interior.gob.es/press/aprobado-el-proyecto-de-la-nueva-ley-de-seguridad-privada-en-espana-15318

http://www.policia.es/org_central/seguridad_ciudadana/normativa/anteproyecto_ley_segur_priv.pdf

https://i2.wp.com/www.interior.gob.es/file/60/60479/60479.jpg

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, informó hoy al Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que pretende, entre otros objetivos, impulsar la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada y abrir a este último la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no están recogidos en la normativa actual. A la vez, será más estricta y rigurosa con las compañías de seguridad privada con un régimen sancionador exigente.

La seguridad privada en España ha experimentado un extraordinario desarrollo en los últimos años. Como botón de muestra, el sector está compuesto por casi 1.500 compañías, con una plantilla de unas 90.000 personas y una facturación de 3.600 millones de euros, según los últimos datos disponibles correspondientes al ejercicio 2011.

España es uno de los países que lidera este sector. En cambio, nuestro país es uno de los Estados de Europa con más policías por habitante (528 agentes por cada 100.000 habitantes, frente a los 385 de media de la UE). Mientras, el número de los vigilantes privados se sitúa en unos 200 por cada 100.000 habitantes, 71 menos que la media de la UE.

En su momento, la actual normativa de Seguridad Privada, que data de 1992, fue pionera e imitada por los países de nuestro entorno. No obstante, 20 años después de su aplicación ha quedado ampliamente superada por la realidad y ha puesto de manifiesto sus insuficiencias y lagunas. La normativa vigente no está adaptada al entorno tecnológico esencial para el sector de la seguridad privada y no recoge el régimen actual de distribución de competencias entre el Estado y las autonomías. Hasta la fecha, estas insuficiencias han sido paliadas por normas reglamentarias o resoluciones de la Dirección General de la Policía sin verdadero carácter normativo, que han generado problemas de inseguridad jurídica y de dispersión normativa.

De ahí la necesidad de disponer de un nuevo texto jurídico con rango de ley, que regule de forma integral y sistemática el modelo español de seguridad privada y dote al sector de un marco jurídico flexible, que permita la adecuación de los requisitos exigibles a la naturaleza de las distintas actividades y servicios de seguridad privada.

Con el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que hoy presentó el ministro del Interior en el Consejo de Ministros, se supera la concepción consagrada en la Ley de 1992 centrada en el control y la potestad sancionadora en este sector para acoger un planteamiento más ambicioso de seguridad integral en el que la seguridad privada pasa a ser complemento de la pública, siempre bajo la preeminencia de esta última.

Para ello, el nuevo texto incorpora el principio de complementariedad entre la seguridad privada y pública, considerando aquélla un recurso externo de ésta. Mientras, la normativa aún vigente pone el acento exclusivamente en el principio de subordinación de la seguridad privada a la pública. En este contexto, los principios de irrenunciable preeminencia de la seguridad pública sobre la privada y de complementariedad, cooperación y corresponsabilidad constituyen los ejes rectores de esta nueva norma.

Con el fin de de dotar de mayor seguridad jurídica al sector,  el nuevo texto define legalmente los conceptos hasta ahora jurídicamente imprecisos, fija el ámbito material y la finalidad a la que sirve la seguridad privada y determina las actividades compatibles con las propias de la seguridad privada. Además, incorpora la investigación privada a las actividades de las empresas de seguridad y matiza el principio de exclusión de la seguridad privada en espacios públicos, excesivamente rígida y obsoleta.

El título primero de la futura ley está dedicado a la coordinación y colaboración entre los servicios de seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una de las ideas clave de esta ley. Para ello, prevé la creación de Comisiones Mixtas de Seguridad Privada integradas por representantes del Ministerio del Interior, del sector de seguridad privada y de las autonomías con competencia en esta materia.

Mayor control de los detectives

El título segundo del texto normativo regula las empresas de seguridad y despachos de detectives, que deberán inscribirse en un nuevo Registro Nacional de Seguridad Privada. Se establece un sistema flexible que permitirá incrementar o reducir los requisitos de las empresas, en función de la actividad desempeñada.

La nueva ley incrementa, además, el control sobre la actividad de los detectives privados, con nuevas obligaciones:

  1. Deberán documentar los encargos en un contrato escrito.
  2. Además del libro-registro que ya llevan, habrán de elaborar un informe permanentemente actualizado, en el que conste el cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos.
  3. El informe estará en todo momento a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Autoridad Judicial.
  4. Presentarán una memoria anual de actividades al Ministerio del Interior.

Además, se regula más estrictamente el acceso a la investigación privada y su ejercicio, que afecta a ámbitos de la vida privada protegidos por derechos fundamentales y libertades públicas. Por esta razón es preciso un exhaustivo régimen legal que garantice el respeto a tales derechos e imponga límites frente a un ejercicio inadecuado de esta actividad.

El título tercero se refiere al personal de seguridad privada y regula cuestiones anteriormente dejadas al reglamento, tales como las relativas a las funciones de gran parte del personal de seguridad. Como respuesta al gran avance tecnológico y al fuerte incremento del subsector de las alarmas, se prevé que la verificación de alarmas sea una función de los vigilantes de seguridad.

Por primera vez, se regula en una norma de rango legal las medidas de seguridad física, electrónicas, informáticas… Esta nueva Ley abrirá las puertas a las compañías de seguridad privada a nuevos servicios demandados por la sociedad. Por ejemplo:
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  • Servicios de videovigilancia privada dentro de inmuebles.
  • Gestión y respuesta de alarmas.
  • Vigilancia de polígonos, urbanizaciones y zonas comerciales peatonales.
  • Servicios de planificación y asesoramiento.
  • Vigilancia perimetral de prisiones siempre bajo la dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
  • Investigación privada.

Las actuaciones de control e inspección sobre las entidades, el personal y las medidas de seguridad se recogen también, por primera vez, con rango de ley, así como la obligación de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de ese personal. Además, se regulan las medidas provisionales que pueden adoptar los funcionarios policiales antes de la incoación de un expediente sancionador, cuando sea necesario para evitar la producción de daños (suspensión de servicios prestados por empresas no autorizadas, desconexión de alarmas…).

El anteproyecto pone punto y final a las carencias de la anterior legislación, con un régimen sancionador que tipifica por separado las infracciones de las empresas, del personal y de los usuarios de seguridad privada, incluyendo, por primera vez, los centros de formación de personal. Con el fin de acabar con el  intrusismo, se aplicarán  graves sanciones, que pueden llegar hasta   el cierre de las empresas que infrinjan esta normativa.

Por último, el texto se adapta a la actual distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas e introduce también instrumentos para evitar la actuación de empresas que incumplan sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y los derechos de los trabajadores, comprometiendo gravemente la seguridad.

http://www.interior.gob.es/press/la-nueva-ley-de-seguridad-privada-sera-mas-estricta-y-rigurosa-con-el-sector-y-abrira-la-puerta-a-nuevos-servicios-15021