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Los atentados del 11-M fueron ideados en Karachi a finales de 2001 como venganza por el desmantelamiento de la célula que Al Qaeda había establecido siete años antes en España, un grupo bautizado con el nombre de Abu Dahdah en alusión al que fue su líder desde 1995. El ánimo de venganza fue esencial en la decisión inicial de atentar en España y en la temprana movilización, concretamente a partir de marzo de 2002, de lo que será la red que ejecutó el 11-M.

Así lo corroboran una serie de hechos. En primer lugar, que Amer Azizi, antiguo miembro de la desarticulada célula de Abu Dahdah, que no fue detenido por encontrarse en Irán cuando se desarrolló la Operación Dátil, fuese quien adoptó en su origen la decisión de atentar en España. En segundo lugar, que otro allegado de la misma, Mustafa Maymouni, se ocupase de recomponer una nueva y decididamente operativa célula yihadista en Madrid a partir de los restos de aquella. Por último, que tres seguidores más de Abu Dahdah —Serhane ben Abdelmajid Fakhet, el Tunecino; Said Berraj y Jamal Zougam— desempeñaron papeles fundamentales en la preparación y ejecución de la matanza en los trenes de Cercanías.

Además, en el caso del 11-M, no solo Azizi y otros implicados que procedían de la célula de Abu Dahdah albergaban deseos de venganza contra España y los españoles. También los guardaba Allekema Lamari, quien fue miembro de una célula del Grupo Islámico Armado (GIA), desarticulada en Valencia en 1997, que cumplía condena hasta su extemporánea excarcelación en 2002, juró que “los españoles pagarían muy caro su detención”.

Lamari no ocultaba su “resentimiento hacia España” y manifestaba que tras salir de prisión su “único objetivo” era “llevar a cabo en territorio nacional atentados terroristas de enormes dimensiones, con el propósito de causar el mayor número de víctimas posibles”, según se lee en distintos documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) elaborados antes y después del 11-M. En uno de ellos se afirmaba que, de no haber sido uno de los fallecidos en la explosión suicida ocurrida en Leganés el 3 de abril de 2004, estaría decidido a “continuar con su venganza” contra “la población y los intereses españoles” con “la ejecución de nuevos atentados terroristas”.

¿Unos moritos de Lavapiés?

Pero los atentados en los madrileños trenes de Cercanías se llevaron a cabo no solo con la participación de individuos previamente relacionados con la célula de Abu Dahdah y con quienes estos atrajeron. La red terrorista del 11-M, que calculo estuvo compuesta en la práctica por más de treinta personas, tuvo un segundo componente, introducido a partir de las estructuras europeas del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), cuyos dirigentes habían optado en febrero de 2002 por reorientar su actividad operativa, atendiendo a criterios de oportunidad, hacia países donde residieran sus miembros. Eso tuvo implicaciones directas en los parámetros de amenaza terrorista para Marruecos y España. En el verano de 2003 se sumó a la red terrorista un tercer componente: una banda de delincuentes comunes radicalizados en mayor o menor medida en el salafismo yihadista por lealtad a su jefe, Jamal Ahmidan, El Chino.

Lamari no ocultaba su “resentimiento hacia España”

Finalmente, los propios líderes de Al Qaeda en Pakistán asumieron los planes terroristas en curso unos cinco o seis meses antes del 11-M, mientras Amer Azizi se había convertido en adjunto al jefe de operaciones externas de esa organización yihadista y cuando la guerra de Irak ofreció un contexto favorable para presentarlos en el marco de su estrategia general.

A pesar de ello, en los años que siguieron al 11-M se extendió, tanto en ámbitos académicos como también entre las comunidades de inteligencia y los medios de comunicación, la siguiente interpretación: los atentados de Madrid fueron producto de una célula independiente, carente de conexiones internacionales significativas con organizaciones terroristas establecidas lejos de nuestras fronteras, y que cuantos de un modo u otro intervinieron en llevarlos a cabo eran inmigrantes musulmanes radicalizados a sí mismos en el contexto de la contienda iraquí por entonces en curso.

Tanto los implicados como su entramado, despectivamente retratados en España como “moritos de Lavapiés” serían exponentes, en definitiva, de lo que se denominó “una yihad sin líder”. Pues bien, la evidencia que proporciono en ¡Matadlos! refuta sobradamente esa interpretación del 11-M, tanto respecto a las características de los actores individuales y colectivos que estuvieron detrás de lo sucedido como al verdadero porqué de la decisión de atentar en España. La matanza en los madrileños trenes de Cercanías fue, en realidad, una expresión temprana a la vez que compleja de las capacidades con que podía llegar a contar Al Qaeda en Europa occidental dos años y medio después del 11-S.

Condiciones favorables

Pero si los terroristas pudieron cumplir su venganza y llevar a cabo la matanza en los trenes de Cercanías, pese al conocimiento previo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tenían de una sustanciosa porción de quienes pertenecieron a la red del 11-M e incluso al seguimiento al que habían sido sometidos algunos de ellos, fue porque se dieron varias condiciones favorables. Para empezar, los desajustes judiciales, el limitado conocimiento sobre el nuevo terrorismo internacional por parte del ministerio público durante demasiado tiempo y la inexistencia de una legislación adecuada para abordar los desafíos de dicho fenómeno global, hicieron posible que distintos individuos vinculados a células y grupos yihadistas en nuestro país, como la de Abu Dahdah, eludieran su detención o condena para terminar implicándose en la preparación y ejecución de los atentados de Madrid. Y es que las disposiciones sobre delitos de terrorismo que contempla el Código Penal no se modificaron, para mejor corresponder a las características y manifestaciones del actual terrorismo yihadista, hasta diciembre de 2010, más de nueve años después del 11-S y transcurridos casi siete desde el 11-M.

Por otro lado, los terroristas del 11-M mostraron una gran habilidad, a buen seguro derivada de la capacitación que algunos de ellos había adquirido en campos de entrenamiento de Al Qaeda en Afganistán, a la hora de preservar la naturaleza de sus intenciones. Por ejemplo, comunicándose entre sí mediante un uso del correo electrónico o de la telefonía móvil hasta entonces desconocido no solo para la policía o los servicios de inteligencia españoles sino también para otros europeos y occidentales en general. En cualquier caso, una coordinación —no ya óptima sino a la altura de las auténticas necesidades— entre las correspondientes secciones del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil dedicadas a la lucha contra el terrorismo yihadista, el tráfico de drogas y el comercio ilícito de sustancias explosivas, muy probablemente hubiese permitido cruzar datos, hacer sonar las alarmas y desbaratar los preparativos para perpetrar los atentados de Madrid.

Estremece que, aún dos años después de la matanza en los trenes de Cercanías, un 16% de los musulmanes residentes en España exhibían actitudes positivas hacia los atentados

Pero no fue hasta mayo de 2004, dos meses después del 11-M y transcurrido más de un cuarto de siglo desde que la democracia española hacía frente al terrorismo de ETA, cuando se hizo realidad el hasta esos momentos inexistente acceso conjunto y compartido a las bases de datos policiales para ambos cuerpos con competencias antiterroristas en todo el territorio nacional, al tiempo que se fundó el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA).

Tampoco la cooperación intergubernamental en relación con la amenaza del terrorismo internacional —aunque se habían registrado avances desde los atentados del 11-S y era un campo al que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado venían prestando una cuidadosa atención, en especial por lo que se refiere a la Comisaría General de Información (CGI), contribuyó a impedir los atentados de Madrid como sí permitió frustrar los planes para perpetrar un segundo 11-M a inicios de 2008 en el metro de Barcelona. Pese a que los directa o indirectamente implicados en los atentados de Madrid eran extranjeros, residentes o no en nuestro país, sobre todo marroquíes, un buen número de ellos eran conocidos por las agencias de seguridad de sus países de origen e incluso algunos destacados integrantes de la red del 11-M fueron detenidos o investigados, antes de que se iniciara su formación o durante el proceso, en Francia, Reino Unido, Marruecos o Turquía. Pero del mismo modo que una Comisión Rogatoria internacional dirigida a las autoridades de este último país demoraba su tramitación en exceso, haciendo posible que Said Berraj no fuese detenido por pertenencia a la célula de Abu Dahdah y se convirtiera en uno de los terroristas del 11-M, los servicios antiterroristas marroquíes no trasladaron indicio alguno en base al cual sospechar de lo que se estaba preparando en España, pese a que en 2003 detuvieron al iniciador de la red del 11-M, Mustafa Maymouni, y a que las autoridades turcas entregaron ese mismo año a las de Rabat a Abdelatif Mourafik, quien inicialmente le transmitió las instrucciones de Amer Azizi desde Pakistán.

Una sociedad vulnerable

Sería un error, en otro sentido, ignorar que buena parte de los individuos implicados en la red del 11-M eran también conocidos, en el seno de la colectividad musulmana residente en Madrid, precisamente por el extremismo de sus actitudes y creencias religiosas. Tampoco resultaría acertado obviar el hecho de que fueron bastantes quienes en el seno de las mismas, acudiendo regularmente a lugares de culto islámico y teniendo contacto con sus responsables, en algún momento tuvieron razones para pensar que entre sus conocidos o amigos había quienes estaban preparándose para cometer atentados, dentro o fuera de España. La justificación que a menudo se hace del terrorismo en esos ámbitos, dependiendo de dónde, contra qué blanco o con qué propósito se ejecute un atentado, o la pretensión de que la lealtad basada en la pertenencia a una misma religión está por encima del respeto al Estado de Derecho y a la convivencia democrática, no son excusa para incumplir el deber de informar a las autoridades del país en que habitan. Estremece que, aún dos años después de la matanza en los trenes de Cercanías, un 16% de los musulmanes residentes en España exhibían actitudes positivas hacia los atentados contra civiles en supuesta defensa del islam o hacia el entonces líder de Al Qaeda, Osama bin Laden.

A diferencia de lo que ocurrió en el Reino Unido tras los atentados suicidas del 7 de julio de 2005 en Londres, la matanza del 11-M dividió a los españoles, incluso dividió a las víctimas de la matanza en los trenes de Cercanías y a sus familiares. Cabe asociar esta lacerante realidad a tres factores. En primer lugar, a la ausencia de un mínimo de sensibilización colectiva previa acerca de la amenaza que el terrorismo yihadista, además del de ETA, suponía para España y los españoles desde mediados los años noventa; en segundo lugar, a una cultura política en sí misma proclive a la polarización; en tercer lugar, a la ausencia de consensos de Estado en sectores fundamentales para las instituciones representativas, la sociedad civil y el conjunto de los ciudadanos, como la política exterior, la política de defensa o la propia política antiterrorista. Hay lecciones todavía por extraer de las consecuencias que acarrearon los atentados de Madrid, en el ánimo de edificar una sociedad española menos vulnerable a la par que más consciente y resiliente ante desafíos del actual terrorismo global que bien pueden derivar, como en el 11-M, de la venganza.

Madrid 8 MAR 2014

Fernando Reinares es catedrático de Ciencia Política y Estudios de Seguridad en la Universidad Rey Juan Carlos, e investigador principal de Terrorismo Internacional en el Real Instituto Elcano. Galaxia Gutenberg acaba de publicar su libro ¡Matadlos! Quién estuvo detrás del 11-M y por qué se atentó en España.

más información

http://politica.elpais.com/politica/2014/03/07/actualidad/1394224760_628015.html

En la Estrategia de Seguridad Nacional, que ayer aprobó el Gobierno con el consenso del PSOE, tan importante es lo que se dice como lo que se calla. Y en sus 83 páginas no hay una sola alusión, ni siquiera velada, al separatismo o al soberanismo. Es decir: la deriva independentista del nacionalismo catalán no afecta a la Seguridad Nacional que, según la definición contenida en el documento, es “la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos”. Aunque parezca un puro ejercicio académico, definir este concepto tiene gran trascendencia: permite saber de qué se habla cuando se invoca para recortar derechos y aclara que la seguridad nacional no es lo mismo que la seguridad del Estado.

En un momento en que la Sanidad o la Educación se privatizan, la Seguridad Nacional se considera un “servicio público”, al que deben contribuir no solo la Administración central, sino también autonomías y ayuntamientos, “con espíritu de solidaridad y lealtad constitucional”, así como el conjunto de los ciudadanos.

La nueva estrategia —que sustituye la que coordinó Javier Solana y aprobó en 2011 el Gobierno Zapatero— tampoco menciona la Alianza de Civilizaciones, a la que su antecesora dedicaba un apartado, pero sí muchos otros temas. Estos son los más relevantes:

Final de ETA. “La madurez de la sociedad española, con las víctimas como referencia ética; la unidad de los partidos políticos, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Servicios de Inteligencia, el trabajo de los jueces y fiscales, así como la cooperación internacional, han logrado imponerse a la amenaza de la banda terrorista. La fortaleza del Estado de derecho, la solidez de sus instituciones y la eficacia de las acciones implementadas han derrotado a ETA sin que esta haya conseguido sus objetivos”.

Terrorismo yihadista. “España es también objetivo del terrorismo yihadista y, en especial, de Al Qaeda en el Magreb Islámico”. Y ello debido a su “relativa cercanía a regiones inestables como el Sahel; la posible radicalización de inmigrantes tanto de primera como de segunda generación […], la insistencia de los grupos fundamentalistas islámicos en presentar a España como parte del imaginario del Islam, así como nuestra implicación decidida en la lucha contraterrorista”, dentro y fuera del país.

Fuente: ‘Estrategia de Seguridad Nacional’.

Marruecos y el Sáhara. No menciona a Marruecos y solo habla genéricamente del Magreb. Advierte del riesgo de inestabilidad derivado de la primavera árabe, pero reconoce que su “principal consecuencia hasta ahora es la elección democrática de gobiernos responsables ante los ciudadanos”. Respecto al Sáhara, repite la doctrina oficial: respaldo a una “solución política justa, duradera y mutuamente aceptable para las partes”. Da por hecho que “el programa nuclear iraní no corresponde a un desarrollo exclusivamente civil”, sino militar.

Ceuta, Melilla y Gibraltar. Cita a Ceuta y Melilla al definir a España como “un Estado que comprende territorio peninsular, los archipiélagos balear y canario y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”. Y recuerda que es “prioridad estratégica [de España] mantener la preparación y capacidad para abordar aquella amenazas a las que tenga que hacer frente de forma autónoma”. Es decir, la defensa de las dos ciudades norteafricanas, no cubiertas por el paraguas de la OTAN. Más contundente se muestra con la colonia británica de Gibraltar, que califica de “anomalía” y “disfunción” y “plantea a España y Europa problemas de seguridad”.

Riesgos y amenazas. La nueva estrategia es continuista con la de Solana. A los nueve riesgos y amenazas que incluía dicho documento añade el espionaje y la vulnerabilidad del espacio marítimo. Desaparece uno de los potenciadores de riesgo: las “disfunciones de la globalización”.

Ciberseguridad. “El ciberespacio conlleva serios riesgos y amenazas”. Los ciberataques se han convertido en un potente instrumento de agresión contra particulares e instituciones públicas y privadas. Estos ataques ilícitos proceden “de grupos terroristas, redes de crimen organizado, empresas, Estados o individuos aislados”. La principal novedad es que las ciberamenazas ya no constituyen solo un apartado específico, sino un nuevo territorio en el que se materializan todas las demás. Por ejemplo, Internet puede emplearse para el proselitismo o la propaganda terrorista, para lanzar ataques contra infraestructuras críticas o transferir tecnología de armas de destrucción masiva, por lo que propone la adopción de “medidas preventivas de vigilancia del uso de la red”.

Inmigración irregular. La estrategia constata “la escasez de las llegadas” de inmigrantes, lo que “reduce los riesgos en el control fronterizo y los aumenta para la seguridad en el interior”. ¿Cuáles son esos riesgos? El incremento de la conflictividad social o la radicalización de los inmigrantes, pero también “una percepción negativa” de los mismos por el resto de la sociedad. Es decir, la xenofobia. Paradójicamente, alerta de que “la falta de acceso [de los inmigrantes] a servicios” sociales (lo que ha hecho el PP al negar la atención sanitaria a los irregulares) puede agravar el problema.

La crisis económica. “La crisis financiera y económica” que sufre España, “representa uno de los mayores retos para la Seguridad Nacional”, constata el documento. Tras asegurar que su origen está en “desequilibrios económicos o de los mercados, actuaciones ilegales o deficiente funcionamiento de los órganos supervisores”, subraya que los paraísos fiscales son “un factor desestabilizador” y propone algunas medidas que suscribirían los sindicatos: “Establecimiento de un marco socio-laboral basado en el diálogo social”.

http://politica.elpais.com/politica/2013/05/31/actualidad/1370027040_282333.html

La recreación de este DNI  podría corresponder al del etarra José Ignacio de Juana Chaos

La recreación de este DNI podría corresponder al del etarra José Ignacio de Juana Chaos

Los presuntos etarras, detenidos el 21 de febrero en Francia, Oier Ibarguren y Ramón Varea, tenían en su poder Documentos Nacionales de Identidad (DNI) españoles falsificados en su formato electrónico, el que dispone de un chip en el que están grabados todos los datos del titular del documento.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas, el dato se considera preocupante, ya que, por una lado, se creía que el nuevo documento era imposible de falsificar; y también por el hecho de que ETA, que en octubre de 2011 anunció un supuesto «cese definitivo armado», haya empleado «técnicos» y esfuerzos para fabricar estas documentaciones que, de ser cierto dicho anuncio, no les harían falta.

En las últimas operaciones antiterroristas, los expertos habían observado que los falsificadores de ETA cuya base se cree que está en el norte de Italia, donde existe una menor presión policial, habían perfeccionado sus técnicas y los productos resultantes eran más difícilmente detectables.

Todo tipo de documentos

El «sub aparato de falsificación», que depende del «aparato logístico-militar», al frente del cual se encuentra Ikaki de Reta Frutos, fabrica todo tipo de documentos, desde DNI de diversas nacionalidades y pasaportes, hasta «visas» para adquirir, vía internet, algunos productos; los documentos y pegatinas que en Francia deben llevar todos los vehículos, si no quieren ser detenidos en los controles de la Policía o la Gendarmería; etcétera.

La intensa actividad de este «subaparato» se corresponde, según los citados expertos, con una realidad que no le gusta reconocer a algunos: que ETA sigue trabajando con la hipótesis de que tendrá que volver a los atentados si no logra sus objetivos por la vía de la negociación, a la que los gobiernos de España y Francia han mostrado su rechazo de forma contundente.

El «excusatio non petita» de hace unos días que formuló, ante el Tribunal Correccional de París, el que fuera jefe «militar» de ETA, el sentido de que esta tregua no era un «truco» más de los muchos que ha realizado la banda en situaciones similares, da mucho que pensar, según las mencionadas fuentes.

Si no es un truco, ¿por que no han pedido perdón a las víctimas, entregado las armas y anunciado su disolución».

Además, la actitud que «Txeroki» y los otros acusados que se sienten en el banquillo del tribunal de la capital gala, que han tenido que ser desalojados hasta en tres ocasiones, una de ellas de forma muy violenta, choca con el aparente ambiente de «armonía y paz» que debería reinar en el seno de la banda criminal.

El material que utilizan los terroristas para falsificar los DNI electrónicos forma parte de lo robado por un «comando» de la banda, el 21 de diciembre de 2010, de una industria ubicada en la localidad gala de Valence.

Entre los productos sustraídos había dispositivos para burlar controles de seguridad y que, en un determinado momento, les permitirían fabricar acreditaciones con los que acceder a centros oficiales, depósitos de explosivos, etcétera.

El robo, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, se produjo poco antes de que, el 8 de enero de 2011, la banda hiciera público un comunicado en el que anunciaba un tregua «permanente» que podía ser verificada. Es decir, ETA sustraía material cuando decía que iba a dejarlo.

Así podía ser el DNI del etarra De Juana Chaos

La recreación de este DNI podría corresponder al del etarra José Ignacio de Juana Chaos, uno de los que figuran en la lista de los 309 huidos, publicada por LA RAZÓN. En el documento consta el número de documento del etarra e, incluso, parte de su firma, obtenida de una carta que desde la cárcel envió a la etarra Inmaculada Noble, con la que compartió fechorías en el «comando Madrid»

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/1339495/espana/eta-logra-falsificar-el-dni-electronico#.UTTpiVdc1QQ

Gendarmes franceses detienen en Borgoña a dos miembros de ETA, uno de ellos armado

Agentes de la Gendarmería francesa detuvieron esta tarde a dos miembros de ETA, uno de los cuales iba armado con una pistola, según informaron fuentes de la lucha antiterrorista a la agencia “Vasco Press”.

El arresto fue realizado alrededor de las cinco y media de la tarde en el Departamento de La Nievre, correspondiente a la región de Borgoña, en el centro del país. Las detenciones han tenido lugar cerca de Nevers, la capital del departamento.

Los agentes del cuerpo militar dieron el alto a un vehículo sospechoso, cuyos dos ocupantes intentaron darse a la fuga, aunque fueron capturados por los gendarmes. Según los primeros datos, al menos uno de los detenidos iba armado.

Los dos individuos reconocieron ante la patrulla de la Gendarmería que eran miembros de ETA, pero por el momento se desconoce su identidad. Los servicios especializados franceses han sido alertados de la captura y se espera que la Subdirección Antiterrorista de París (SDAT) se haga cargo de las investigaciones y de los detenidos.

Estas son las primeras detenciones de presuntos etarras que se realizan en Francia en el nuevo año 2013. El pasado año, las autoridades francesas capturaron a un total de 19 presuntos miembros de ETA y de grupos ilegales de su entorno político.

Uno de los presuntos etarras detenidos en Andoni Lariz Bustunduy, según han informado a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista.

Lariz Bustunduy, nacido en Markina-Xemein (Vizcaya) en 1973, figura en la lista de terroristas más buscados desde el 1 de julio de 2012, cuando se actualizó por primera vez desde el alto al fuego anunciado por ETA.

Fue un supuesto colaborador de los comandos que en 2005 creó ‘Txeroki’, el talde Kresada, que, entre otros, perpetró el atentado con coche bomba contra un polígono industrial de Ávila, cerca de la Academia de Policía Nacional, según datos recabados por Europa Press. Profesor de lengua y literatura, fue coordinador de la asociación de escuelas públicas Sortzen-Ikasbatuaz Elkartea.

Antes de su paso a las filas de ETA, Lariz Bustunduy estuvo ligado a la ilegalizada HB, partido por el que se presentó como suplente en el Senado en 1996. Asimismo, según figura en un informe de la Fiscalía datado en 2009 y presentado ante el Tribunal Supremo, se ofreció también como candidato para Askatasuna en 1998. Igualmente, según datos recogidos por Europa Press, fue candidato por la agrupación electoral Maxea en las elecciones municipales en el año 2003.

http://www.abc.es/espana/20130111/abci-miemros-armados-201301112020.html