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Filetype-PDF-icon[1] Reglamento de instalaciones de protección contra incendios

Estado en el que quedó el castillo hinchable de Leganés tras salir...

Con los focos informativos repartidos entre la final de la Champions y la jornada de reflexión de las elecciones europeas, una noticia ajena al deporte y a la política irrumpía en las redacciones la tarde del 24 de mayo. Cuatro niños de entre tres y ocho años habían resultado heridos tras salir volando el castillo hinchable en el que jugaban en Leganés.

La tragedia pudo tener consecuencias incalculables. Dos de los pequeños acabaron despedidos en lo alto de un edificio de ocho metros. Otro fue arrastrado 100 metros. Sin embargo, el parte médico de los menores, con fracturas y contusiones no particularmente graves, hizo que el alcance de la noticia quedara difuminado. Aunque no para los padres. Ni para ellos ni para un antiguo director de seguridad de Parquesur, el centro comercial en el que estaba instalada la atracción infantil accidentada.

Este ex trabajador denunció ya en 2010 las presuntas irregularidades en materia de protección contra incendios, emergencias y evacuación del establecimiento, de 150.200 metros cuadrados y con más de 200 tiendas. Lo hizo en el Ayuntamiento de Leganés (entonces gobernado por PSOE e IU) y, ante la falta de respuesta, repitió lo propio en la Comisaría de Policía Local y hasta en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Nunca ha obtenido respuesta oficial. Ni siquiera con el cambio de alcalde a uno del PP.

Una portavoz de Parquesur, propiedad de Unibail-Rodamco, asegura que el centro comercial «cumple con toda la normativa e incluso está por encima de lo que exige». Sin embargo, a petición de este periódico, no ha querido mostrarle ningún documento que lo acredite.

Tampoco en el Ayuntamiento de Leganés, con el ‘popular’ Jesús Gómez a la cabeza, han sido más explícitos con el asunto. Un portavoz responde con vaguedad que «no ha habido problemas en las inspecciones» del centro, sin especificar con qué frecuencia se hacen. Sobre el Plan de Autoprotección (un documento obligatorio en el que se deben explicar los protocolos a aplicar en caso de emergencia) indican que en la actualidad están «revisando» el nuevo que les ha hecho llegar la empresa, que «llevaba años sin presentarlo».

Los problemas del que fuera director de seguridad de Parquesur entre 2009 y 2011 empezaron precisamente cuando se estaba redactando un nuevo Plan de Autoprotección. La primera versión que le dieron, explica, hacía referencias a un estadio de fútbol. Después de alertar sus superiores al respecto, le entregaron otra versión en la que «el plan de emergencia era una copia del de un colegio», por lo que tampoco quiso dar su visto bueno. Meses después, su contrato era rescindido.

Defectos

Paralelamente, «verbalmente y por escrito», notificó a los gestores y administradores del centro comercial «la necesidad de corregir los defectos de seguridad que existían». Tal y como consta en las denuncias formales que presentó luego, «las vías de evacuación se encuentran obstaculizadas» con «áreas de descanso, macetas de grandes dimensiones, soportes publicitarios, stands de venta y kioscos de distintos tipos que carecen de licencia de actividad».

En situación de ilegalidad se encontraba de hecho el castillo hinchable que voló por los aires con cuatro niños dentro el 24 de mayo, según ha reconocido el propio Ayuntamiento de Leganés. Parquesur delegó la responsabilidad en la empresa que lo instaló -Soulpark-, a pesar de que según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales «cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales».

En su denuncia, el ex trabajador señalaba «el lamentable estado de las puertas de emergencia, no cumpliendo su función de compartimentación»;«algunas de las barras antipánico no funcionan o están defectuosas»; el gimnasio «carece de detección y extinción de incendios»;«la ausencia de rociadores automáticos» en el falso techo del edificio…

Si el castillo hinchable no hubiera salido volando, quizá nunca se habría sabido que no tenía ni licencia.

http://www.elmundo.es/madrid/2014/06/14/539b46bf22601dd67f8b4590.html

Salta por error el sistema de agua en el túnel de los nuevos accesos a Bilbao y provoca un accidente

Un error informático activó a las cuatro de la tarde de ayer el sistema antiincendios del túnel de Bentazarra, en la A-8, en dirección Cantabria, por lo que se puso en marcha el dispositivo de propulsión de agua nebulizada. Esto provocó un accidente de tráfico por alcance y el cierre del túnel, lo que generó retenciones de dos kilómetros en la salida de Bilbao.

Según el sistema anti incendios instalado en el túnel recién abierto, cuando los sensores detectan un cambio brusco de la temperatura, rocían con agua -a muy alta presión- en la sección (de las 21 en las que está dividido el túnel) en la que se ha originado el fuego, en la anterior y posterior. El agua se propulsa a 70 bares para lo cual se utilizan 36 bombas alimentadas por un depósito de 300 metros cúbicos. Además, se cierran las entradas al túnel y se activan los paneles informativos avisando del corte.

Fuentes de la Diputación de Bizkaia y de la Ertzaintza informaron de que, al activarse por error la proyección de agua, un turismo frenó bruscamente, lo que hizo que otro que venía por detrás colisionara contra el anterior. No hubo que lamentar heridos, pero el choque y el cierre por cinco minutos del acceso al túnel generó retenciones de unos dos kilómetros en la A-8, en dirección Cantabria, que desaparecieron en media hora.

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La mayor parte del complejo sistema antiicendios de la M-30 llevaba tres años sin que ningún técnico lo revisase, según consta en el atestado que ha remitido la Policía Municipal de Madrid a la titular del Juzgado de Instrucción número 21. Esta magistrada se encarga del procedimiento abierto por la muerte de dos empleados de EMESA —la empresa que debía supervisar la seguridad de los túneles— el pasado 26 de octubre en un incendio en el subterráneo. El grupo municipal socialista de Jaime Lissavetzky, que se ha personado en la causa, ha pedido al Ayuntamiento que dé explicaciones sobre lo sucedido.

Los controles de algunas áreas habían caducado un mes antes del siniestro

La inspección ocular y reportaje fotográfico adjunto de la Policía Municipal resulta revelador. Los agentes comprobaron las cuatro salas donde se hallan los equipos antiincendios de la M-30 y encontraron importantes irregularidades. Una de las imágenes de su informe muestra que en la pantalla electrónica del detector láser de partículas (que debería avisar de la existencia de humo) se puede leer: “Avería”.

En otra página del atestado, se observa un aviso similar: “Detalle de las luces de prealarma y reset, igualmente puede verse que la fecha de la última revisión es 13-01-09”. Esa misma fecha se repite en el folio 12 del informe referente a otra sala: “El sistema de nebulización de agua se encuentra parcialmente desmantelado, lo que provoca su inoperancia, según se verifica en las sucesivas inspecciones oculares, hecho este confirmado por el personal técnico de la empresa instaladora (Marioff)”, dice el atestado.

La propia Marioff explica en un anexo que fue la encargada de la instalación del sistema de protección contra incendios con agua nebulizada en 2007, y que las labores de mantenimiento terminaron el 31 de diciembre de 2009.

Otra de las etiquetas analizadas por la inspección de un detector láser tenía fecha de septiembre de 2011, por lo que había caducado un mes antes del siniestro. Las revisiones tienen que ser anuales.

Un mando de los bomberos del Ayuntamiento declaró en el juzgado que si el sistema hubiera estado a pleno rendimiento en el incendio donde murieron los dos operarios, el propio sistema lo habría controlado. “Hubiera sido un incendio pequeño”, señaló.

Por eso, la concejal socialista Ruth Porta pidió ayer que comparezca en el pleno el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Juan Antonio Gómez Angulo, para que explique las causas que motivaron el incendio del pozo y la muerte de los dos operarios. “Es necesario que se depuren las responsabilidades políticas, administrativas y civiles que se derivan de este asunto, ya que las penales se están dirimiendo en los tribunales”, criticó. “Es preciso determinar quién es el responsable de que ningún sistema de control y protección de incendios funcionara ese día”, añadió.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/21/madrid/1363894036_517153.html