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Estado en el que quedó el castillo hinchable de Leganés tras salir...

Con los focos informativos repartidos entre la final de la Champions y la jornada de reflexión de las elecciones europeas, una noticia ajena al deporte y a la política irrumpía en las redacciones la tarde del 24 de mayo. Cuatro niños de entre tres y ocho años habían resultado heridos tras salir volando el castillo hinchable en el que jugaban en Leganés.

La tragedia pudo tener consecuencias incalculables. Dos de los pequeños acabaron despedidos en lo alto de un edificio de ocho metros. Otro fue arrastrado 100 metros. Sin embargo, el parte médico de los menores, con fracturas y contusiones no particularmente graves, hizo que el alcance de la noticia quedara difuminado. Aunque no para los padres. Ni para ellos ni para un antiguo director de seguridad de Parquesur, el centro comercial en el que estaba instalada la atracción infantil accidentada.

Este ex trabajador denunció ya en 2010 las presuntas irregularidades en materia de protección contra incendios, emergencias y evacuación del establecimiento, de 150.200 metros cuadrados y con más de 200 tiendas. Lo hizo en el Ayuntamiento de Leganés (entonces gobernado por PSOE e IU) y, ante la falta de respuesta, repitió lo propio en la Comisaría de Policía Local y hasta en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Nunca ha obtenido respuesta oficial. Ni siquiera con el cambio de alcalde a uno del PP.

Una portavoz de Parquesur, propiedad de Unibail-Rodamco, asegura que el centro comercial «cumple con toda la normativa e incluso está por encima de lo que exige». Sin embargo, a petición de este periódico, no ha querido mostrarle ningún documento que lo acredite.

Tampoco en el Ayuntamiento de Leganés, con el ‘popular’ Jesús Gómez a la cabeza, han sido más explícitos con el asunto. Un portavoz responde con vaguedad que «no ha habido problemas en las inspecciones» del centro, sin especificar con qué frecuencia se hacen. Sobre el Plan de Autoprotección (un documento obligatorio en el que se deben explicar los protocolos a aplicar en caso de emergencia) indican que en la actualidad están «revisando» el nuevo que les ha hecho llegar la empresa, que «llevaba años sin presentarlo».

Los problemas del que fuera director de seguridad de Parquesur entre 2009 y 2011 empezaron precisamente cuando se estaba redactando un nuevo Plan de Autoprotección. La primera versión que le dieron, explica, hacía referencias a un estadio de fútbol. Después de alertar sus superiores al respecto, le entregaron otra versión en la que «el plan de emergencia era una copia del de un colegio», por lo que tampoco quiso dar su visto bueno. Meses después, su contrato era rescindido.

Defectos

Paralelamente, «verbalmente y por escrito», notificó a los gestores y administradores del centro comercial «la necesidad de corregir los defectos de seguridad que existían». Tal y como consta en las denuncias formales que presentó luego, «las vías de evacuación se encuentran obstaculizadas» con «áreas de descanso, macetas de grandes dimensiones, soportes publicitarios, stands de venta y kioscos de distintos tipos que carecen de licencia de actividad».

En situación de ilegalidad se encontraba de hecho el castillo hinchable que voló por los aires con cuatro niños dentro el 24 de mayo, según ha reconocido el propio Ayuntamiento de Leganés. Parquesur delegó la responsabilidad en la empresa que lo instaló -Soulpark-, a pesar de que según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales «cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales».

En su denuncia, el ex trabajador señalaba «el lamentable estado de las puertas de emergencia, no cumpliendo su función de compartimentación»;«algunas de las barras antipánico no funcionan o están defectuosas»; el gimnasio «carece de detección y extinción de incendios»;«la ausencia de rociadores automáticos» en el falso techo del edificio…

Si el castillo hinchable no hubiera salido volando, quizá nunca se habría sabido que no tenía ni licencia.

http://www.elmundo.es/madrid/2014/06/14/539b46bf22601dd67f8b4590.html

El viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Borja Carabante, ha asegurado este miércoles que el nuevo director general de Seguridad de Metro de Madrid, Bruno Fernández Díez, “ganará lo mismo que el resto de los cargos de su rango”, lo que supone que “no llegará a los 100.000 euros”, tal y como estimaron CC.OO y UGT.

En una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, el viceconsejero ha asegurado que Fernández Díez “va a ganar lo mismo que el resto de los cargos de su rango”, por lo que “no va a llegar a los 100.000 euros, pues en Metro de Madrid no hay nadie que gane 100.000 euros al año”.

Carabante ha explicado que el suburbano madrileño ha decidido “fichar” a Fernández Díez por ser “una persona de reconocido prestigio” que “sumará a Metro su trabajo para reducir el déficit de la empresa y poder, así, hacer sostenible financieramente al suburbano y poder salvar los empleos”, algo que ha resaltado, “es el principal objetivo de la Comunidad de Madrid”.

Asimismo, el viceconsejero ha apuntado que otra de las razones por las que Metro ha decidido poner a Fernández Díez al frente de esta nueva Dirección General de Seguridad en Metro es la necesidad del suburbano de “contar con técnicos adecuados que gestionen la complejidad del nuevo contrato de seguridad”, que supondrá un ahorro de 7 millones de euros.

SE REMUNERARÁ AL LICITADOR POR LA CALIDAD DEL SERVICIO

Carabante ha indicado que en el nuevo contrato de seguridad contempla que al licitador se le remunere en función de la calidad del servicio que preste. En este sentido, el viceconsejero ha precisado que “uno de los condicionantes que puede contribuir o no al cobro de esa retribución es el daño que se pueda hacer a la imagen de metro de Madrid”.

Preguntado sobre si las protestas dan mala imagen a Metro, Carabante ha respondido que “lo que da mala imagen son las huelgas permanentes y sistemáticas que están haciendo los sindicatos de metro de Madrid intentando boicotear al máximo el Plan Estratégico que se ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid”.

Un portavoz del suburbano, indicó a Europa Press que el nuevo contrato de seguridad que Metro de Madrid ha licitado contempla una cláusula que establece sanciones a la adjudicataria en caso de que su política de Recursos Humanos (RR.HH) genere protestas entre los trabajadores.

Aparte, se fijan también penalizaciones en caso de que la acción de la empresa repercuta en la imagen corporativa del suburbano. Para ello, se establece un baremo que mide gradualmente las posibles sanciones y donde se estipula también una escala de difusión de aspectos que dañen la imagen de la compañía.

http://www.europapress.es/madrid/noticia-carabante-asegura-sueldo-nuevo-director-seguridad-metro-no-llegara-100000-euros-20130612141127.html

La compañía metropolitana ha creado un nuevo cargo en el Metro madrileño. Se trata del director general de Seguridad, según Teo Piñuelas de UGT-Madrid. El designado para este puesto es Bruno Fernández Díaz, hermano del actual Jefe Superior de Policía de Madrid. Esta designación ha indignado a los sindicatos y a la oposición en la Asamblea Regional.

Bruno Fernández fue fichado por un banco siendo policía para tratar tareas de seguridad. Posteriormente la entidad financiera lo prejubiló y ahora ha sido fichado por la dirección del Metro, según dijo Teo Piñuelas de UGT.

Para Tomás Gómez es una vergüenza ya que además “va a cobrar más de 100.000 euros”. “Así son las medidas de contención y austeridad que va a poner en marcha el PP”, agregó a la Cadena Ser.

Los sindicatos no entienden como Metro trata de austar la plantilla y bajar gastos mientras despilfarra dinero en altos cargos y directivos. “Es lamentable lo que está haciendo la Jefatura de Metro, por un lado quieren ahorrar en gastos restando servicios a los madrileños y por otro siguen contratando a nuevos jefazos a precios de locura y todo esto plena negociación colectiva con los trabajadores”, añadieron.

Por otra parte, Metro de Madrid informó que la empresa ha creado recientemente una nueva Dirección General de Seguridad en aras de reforzar esta materia en el suburbano, si bien la puesta en marcha de este departamento no supone un incremento del número de directivos de la compañía.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes del suburbano, que han detallado que la persona que se pone al frente es Bruno Fernández Díez, “una persona que tiene una acreditada experiencia en el campo de seguridad” con muchos años trabajando en la materia.

Según el suburbano, que hasta ahora contaba con una subdirección de Seguridad, “va a redundar en la calidad del servicio al usuario” y ha destacado que no choca con la reducción de la directiva que se ha llevado a cabo en Metro porque no se incrementa el número de cargos.

En concreto, se ha reestructurado el Área de Seguridad y no se aumenta el número de directivos ni el dinero que se destina a pagar los sueldos de estos directivos. Metro ha conseguido ahorrar con esta medida de reducción de cargos 600.000 euros, según las mismas fuentes.

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/11/madrid/1370953378.html

El primer monumento de la ciudad ya cuenta con un director de seguridad propio. El Cabildo ha contratado a un profesional del sector para que planifique, refuerce y aumente la seguridad de la Catedral, un edificio al que acceden cerca de cuatro mil personas al mes en la visita organizada y que tiene un calendario de actos de gran afluencia de público. El templo metropolitano cuenta desde hace años con la presencias de vigilantes privados contratados expresamente, pero hasta ahora no se ha fichado a un responsable máximo dedicado especialmente a estas tareas. El principal objetivo, según explicaron fuentes del Cabildo, es desarrollar un gran plan de seguridad integral con efectos preventivos, basado por ejemplo en un uso eficiente de las cámaras de seguridad que hay repartidas por todo el edificio.

El nuevo director de seguridad es Manuel Campos Ramírez -con experiencia curricular en la seguridad de importantes museos españoles- ya ha efectuado cambios en la colocación de las cámaras, pues la eficacia de algunas era nula por una orientación deficiente. También se están analizando todas las cuestiones legales que incumben a las tareas de seguridad, como son los casos de las grabaciones.

Asume la ejecución de un plan integral de vigilancia y prevención que abarca el templo, la Biblioteca Colombina y todos los almacenes.

El plan integral de seguridad abarca la Catedral, con la Parroquia del Sagrario y la Biblioteca Colombina; las oficinas de administración y los almacenes de la Plaza del Cabildo y el gran almacén situado en San Jerónimo, pues el vasto patrimonio artísticos del templo metropolitano se reparte por todas estas sedes. En las dependencias de la Plaza del Cabildo se guardan, por ejemplo, piezas de tejidos y obras pictóricas. Y en San Jerónimo se custodia el paso de la Virgen de los Reyes o el antiguo monumento eucarístico que se instalaba en la Catedral en Semana Santa.

La Catedral de Sevilla no ha tenido especiales problemas de seguridad en los últimos años. Es más, se ha especializado en planes de prevención con motivo de grandes acontecimientos, sobre todo a raíz de la boda de la infanta Elena en 1995. Las ceremonias masivas del Año Jubilar también fueron oportunidades para adquirir experiencia en la puesta a punto del templo para acoger a miles de personas en pocas horas. El Cabildo quiere ahora reforzar la seguridad en la vida ordinaria del templo. A nadie escapa que el robo del códice de la Catedral de Santiago de Compostela ha puesto en guardia a muchos cabildos de España. En el caso de Sevilla, los accesos están bastante vigilados y no hay precedentes preocupantes de robos. En el caso de Sevilla se niega oficialmente la influencia del suceso de la catedral compostelana en la contratación de un profesional específico, una decisión que se contextualiza en la de años que lleva el órgano rector del templo modernizando toda la gestión relacionada con la vida ordinaria del edificio.

La Catedral ya aplica protocolos rigurosos con el uso de su patrimonio. Cada vez que algún canónigo ha de usar una pieza valiosa para el culto ordinario, el vigilante hace constar por escrito quién retira la pieza, la fecha, el motivo y la hora. El control es absoluto de tal forma que todas las incidencias quedan registradas.

El objetivo prioritario ahora es seguir reduciendo los riesgos. El tiempo dirá si la figura del director de seguridad se queda perenne, incluido de forma definitiva en la plantilla, o si no es necesario una vez que la gestión en esta área quede racionalizada. Desde 1992 hasta hoy, la Catedral de Sevilla no ha dejado de profesionalizar y racionalizar su gestión en todos los ámbitos.