Dicen que el tiro que acabó con la vida de Estela Calduch fue accidental. Bueno, lo dicen los investigadores: para Ana Costa, la abogada de la familia, no hay nada de accidental desde el momento en que el atracador llevaba un arma «cargada y perfectamente preparada para ser disparada, lo que revela la intención de usarla». Es posible que hubiese cierto grado de infortunio en la tragedia, pero la verdadera mala suerte fue que la banda escogiese la sucursal del Santander en Cambrils (Tarragona) para su último golpe.
Fue el 25 de octubre de 2010, lunes. Aún no eran las nueve de la mañana cuando un tipo con pinta rara entró en la oficina, solo un momento antes de que lo hiciera su compinche, que parecía comprobar que todo estuviese despejado fuera. Era evidente que iban disfrazados: el primero, con peluca y barba de pega; el otro, con bigote, gafas y visera. Lo más probable es que los tres empleados comprendieran a qué se enfrentaban incluso antes de que los asaltantes exigiesen a voces el dinero y sacasen el revólver. Hacía un par de años que otros como ellos habían pasado por allí y todos sabían que era mejor obedecer.
Operación Cornisa. Actuaban en Cantabria, Euskadi, Asturias y Cataluña. 150 agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra tomaron parte, en 2011, en la desarticulación de la banda. Técnica depurada. Repetían la fórmula en los golpes: iban armados y disfrazados y, generalmente, entraban al banco en pareja mientras un tercero vigilaba fuera. Si era necesario, recurrían a la violencia. La banda. La formaban ocho personas, que se iban turnando en los asaltos. Entre 2005 y 2010 cometieron medio centenar de atracos.
Estela se encontraba en ese momento en la ventanilla de caja. Habitualmente atendía al público en otra zona sin cristal blindado por medio, pero el atraco la sorprendió allí. Ni siquiera le dio tiempo a cumplir las órdenes de los asaltantes. Uno de ellos introdujo la pistola por la bandeja de seguridad, quizás para que se diera más prisa, y apretó el gatillo. La bala alcanzó en el cuello a la cajera, que murió en medio de un enorme charco de sangre. Tenía 25 años.
Todos a la calle
Hace quince días, la Audiencia de Tarragona dejaba libre a Manuel Amancio Álvarez, ‘Josu’ –también apodado ‘el Bravo’–, vecino de Castro Urdiales y presunto autor de aquel disparo mortal. Cumplidos dos años de prisión provisional, durante los cuales apenas ha avanzado la instrucción del caso, este baracaldés de 44 años era el único componente de la banda que permanecía encerrado: el resto había ido saliendo por goteo según se iba consumiendo el plazo máximo de prisión preventiva sin que se llegase a celebrar el juicio.
La puesta en libertad de Josu ha causado la lógica indignación de familiares y amigos de la víctima y, como suele ocurrir en estos casos, también ha provocado una avalancha de comentarios incendiarios y agrias críticas a la Justicia. Ha sido, según la abogada Ana Costa, una «sorpresa», pues confiaba en que, dada la gravedad de los delitos que se le imputan –participación en robo con intimidación, homicidio, tenencia de armas y asociación ilícita–, la sala accediese a prorrogar su estancia en la cárcel.
Más allá de lo acertado o no de la decisión del tribunal, su liberación ha sacado a la luz las miserias del juzgado que lleva el proceso –el de instrucción número 3 de Reus–. El fiscal jefe de Tarragona, Javier Tou, quien lamentó la tardanza injustificada que ha provocado la liberación del delincuente, apuntó dos posibles causas de la demora. En primer lugar, el volumen del caso, con tal cantidad de atracos que multiplica las diligencias a practicar. El segundo motivo se refiere al propio funcionamiento del juzgado, con «mucha movilidad de funcionarios y jueces».
«Este procedimiento, que lleva dos años y medio de instrucción, ha pasado por cuatro jueces», subraya Ana Costa. «Ello supone que cada nuevo juez que llega se encuentra con la obligación de conocer un voluminoso y complejo procedimiento, antes de poder resolver cualquier petición o la práctica de diligencias».
Para Josep Antoni Rodríguez, portavoz de Jueces para la Democracia en Cataluña, se trata de una situación «anómala» que prueba el «colapso» en la administración de una Justicia que ve empeorar con hechos así la imagen que de ella tienen los ciudadanos. No obstante, matiza que la rabia por lo sucedido debería ceñirse a que, transcurridos dos años, no se haya avanzado. «Que una persona pendiente de juicio salga en libertad condicional cumplido el plazo, no me parece motivo de indignación en un Estado democrático», pues, explica, la prisión provisional no debe interpretarse como un anticipo de una pena posterior.
Resulta chocante, en cualquier caso, que los «peligrosos delincuentes» de la banda de atracadores más activa e importante de España –así la calificaron las autoridades durante la operación policial en la que fueron detenidos–, no estén ya encerrados por falta de agilidad en los juzgados.
Un vecino más
Fuentes policiales han confirmado que Josu, tras abandonar la prisión, ha regresado a Castro, donde reside junto a su pareja: se encuentra «controlado y localizado» y pasa completamente inadvertido en la localidad. Se le ha retirado el pasaporte –tiene prohibido abandonar el país– y debe presentarse diariamente ante el juez. Son las medidas cautelares impuestas mientras se investiga su participación en 24 atracos –acreditada al menos en 19 de ellos–, una intensa actividad delictiva que nunca despertó las sospechas de sus vecinos. A eso contribuyó su doble vida: regentaba un restaurante en Bilbao –Aritz– con el que, supuestamente, disimulaba sus ganancias ilícitas.
A la familia de Estela Calduch no le queda otro remedio que resignarse a esperar. «No puede más que acatar las decisiones de los tribunales y confiar en que apliquen la ley a quienes han cometido tan graves delitos», reconoce Costa. Sabe que es un pobre consuelo. «El daño que se les ha causado no podrá ser reparado jamás».
pablojmanso 
Se parece a un socio de anp…